En un comunicado oficial, la instancia que aglutina a la mayoría de los pueblos ancestrales de este país sudamericano, hizo referencia a un informe reciente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, en el cual los legisladores estiman que el mandatario faltó a la observación del Pacto Etico aprobado en consulta popular en 2017.
De acuerdo con lo dispuesto por la población, para los aspirantes a dignidades o funcionarios con cargos públicos está prohibido tener bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales, pues promueven la evasión tributaria.
«El vínculo de Guillermo Lasso con los Pandora Papers solamente se suma a una ya existente situación de crisis y conmoción social que atraviesa el Ecuador por múltiples crisis: falta de empleo, regresión en derechos laborales, inseguridad histórica, surgimiento de una nueva ola migratoria, crisis carcelaria, agresiones al sector agropecuario», aseguró la Conaie.
Sobre ese particular, agregó que es un deber moral de todos los ciudadanos y las autoridades aplicar las sanciones necesarias en ese caso, lo cual ayudaría a empezar transformaciones en las actuales condiciones financieras y fiscales responsables de la enorme e inhumana injusticia social de los pueblos.
«A los voceros del Gobierno que defienden la «legitimidad de evadir impuestos», les recordamos que esos recursos escondidos en paraísos fiscales es un robo al conjunto de la sociedad y es un robo al contribuyente común que sí paga la parte que le corresponde», enfatizó la Confederación.
Según sentenció, los paraísos fiscales implican fraude tributario, hurto, despojo, pobreza, concentración obscena de la riqueza y desigualdad social.
«Ahora mismo, es una vergüenza que mientras el ejecutivo intenta justificar la evasión tributaria de uno de los presidentes más adinerados de la historia, al mismo tiempo anuncia la falta de recursos para la Proforma Presupuestaria, que le quita 291 millones de dólares a la salud y 278 millones a la educación», sentenció.
En su criterio, esos recursos faltan porque los grupos financieros y económicos evaden impuestos.
Para la Conaie, si Solamente Guillermo Lasso y los grupos económicos pagaran un gravamen mínimo del dos por ciento de sus ingresos, como ocurría con los microempresarios, el estado lograra una recaudación de al menos mil 306 millones de dólares adicionales, monto suficiente para evitar la reducción de fondos en sectores importantes.
Las estimaciones de la instancia contrastan con el pago de alrededor del uno por ciento de los ingresos de los más acaudalados, muchos de ellos con empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales, donde sus riquezas quedan ocultas, facilitando menores declaraciones del impuesto a la renta.
El informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, aprobado el pasado 5 de noviembre, concluyó que el jefe de estado tiene “vinculación directa” con paraísos fiscales.
La información para el análisis en el equipo parlamentario partió de datos entregados por la legisladora Mónica Palacios, probatorios de que el traspaso de acciones de sus compañías offshore, realizado por Lasso, quedó oficializado después de su inscripción como candidato a la presidencia.
La evaluación partió de pruebas que indican un posible delito de defraudación tributaria, a partir de disparidades en el pago de impuestos en las distintas empresas del Grupo Banco de Guayaquil y de Lasso.
De manera general el tema despierta polémica, porque el abogado del dignatario, Eduardo Carmigniani sostiene que la Superintendencia de Bancos de Panamá da cuenta de la transferencia de acciones el 15 de septiembre de 2020, días antes del ingreso de la nominación.
No obstante, analistas políticos sostienen que la situación actual genera un escenario de crisis de gobernabilidad, por la disminución del apoyo y la credibilidad al mandatario, quien además no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo.
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