Durante los últimos años hemos sido víctimas de “lawfare”, dígase el uso de la justicia transnacional para derrocar un gobierno legítimamente constituido, empleada en la geopolítica mundial contra países contrarios a la unipolaridad que pretende imponer Estados Unidos, afirmó el fiscal general, Tarek William Saab.
En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el titular del Ministerio Público valoró la importancia del memorando de entendimiento firmado recientemente entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Este acto estuvo antecedido de la decisión del fiscal jefe de la CPI, Karim A.A. Khan QC, de concluir el examen preliminar del caso denominado Venezuela I -iniciado en 2018 en torno a supuestas violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones violentas de 2017- y proceder a abrir una pesquisa formal.
Aunque el Estado venezolano interpretó que no se cumplieron los requisitos para justificar el paso a la siguiente fase de investigación, consideró positivo el reconocimiento de que las denuncias deben ser abordadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin.
En tal sentido, Tarek William Saab insistió en calificar el memorando de entendimiento con la Fiscalía de la CPI como una victoria de las instituciones venezolanas, al existir un compromiso de apoyar y reconocer las actuaciones de la jurisdicción nacional en la búsqueda de la verdad y la justicia.
“Quienes adversan al Estado venezolano suponían que el paso a una fase de investigación implicaría la solicitud inmediata, casi que automática, de órdenes de captura internacionales contra autoridades civiles y militares del país, dentro de ese plan de conspiración permanente contra el país”, aseveró el titular.
Saab ratificó la postura defendida desde el principio por las autoridades venezolanas, en torno a la ausencia de criterios que justifiquen la aplicación de la justicia transnacional para investigar y judicializar los casos registrados durante la terrible subversión de abril a julio de 2017.
La ola de violencia insurreccional promovida por sectores de la extrema derecha de Venezuela ocasionó millonarios daños materiales y la fatal cifra de 155 fallecidos, de acuerdo con la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.
Sin embargo, poco más de 20 por ciento de las muertes son atribuibles a la actuación de funcionarios y agentes del Estado, mientras más del 40 por ciento de las víctimas fatales en las denominadas guarimbas fueron resultado de la acción de los manifestantes, precisó el fiscal general en sus declaraciones a Prensa Latina.
A raíz de esos trágicos eventos, el Gobierno de Estados Unidos, junto al Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA), aprovecharon para armar un expediente lleno de generalidades, de vaguedades y fuentes abiertas, recordó Saab.
Agregó que muchas de las denuncias carecían de nombre y apellidos, o fueron formuladas desde el exterior, en violación de las normas del debido proceso y con ausencia total de experticias forenses y medidas preliminares de identificación de víctimas y agresores, por lo cual debieron ser desestimadas.
Durante el desarrollo del examen prévio, Venezuela fue fiel a los principios de cooperación y complementariedad positiva, al entregar varios documentos con más de tres mil páginas de información productiva, que nunca recibieron respuesta.
Esto revela la parcialidad de la anterior fiscal Fatou Bensouda, en detrimento incluso de la sentencia emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que obligaba al diálogo entre las partes, subrayó Saab.
Por eso -aseveró- la visita de Khan a Venezuela y la rubrica del memorando de entendimiento se traducen en una victoria de las instituciones del país, pues abre las puertas a una complementariedad positiva entre el Estado venezolano y la instancia jurídica internacional.
La Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela en febrero de 2018 y en septiembre del mismo año recibió una remisión de un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma para solicitar la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el país.
¿RUPTURA CON POLITIZACIÓN DEL CASO?
Del 31 de octubre al 3 de noviembre, el fiscal de la CPI Karim A.A. Khan QC y su delegación celebraron una serie de reuniones “francas y constructivas”con autoridades de alto rango, miembros del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil de Venezuela.
En un comunicado difundido en La Haya, a propósito del acuerdo alcanzado, el alto funcionario destacó la voluntad de fomentar el diálogo genuino con el Gobierno de Venezuela, a fin de mantener y profundizar la cooperación prevista en el Estatuto de Roma.
Sobre la apertura de la investigación formal, subrayó que el examen inicial constituyó apenas un mecanismo de filtración, pues hasta la fecha su despachó no realizó investigaciones en Venezuela, y tampoco existen ni objetivos ni sospechosos en la fase actual de las actuaciones.
“(…) aunque no desconocemos el discurso político y las divisiones imperantes en Venezuela ni el contexto regional, es importante que mi Fiscalía cuente con el espacio necesario para realizar su labor. Nuestra labor tendrá lugar de forma independiente y al margen de toda agenda política”, enfatizó el alto representante de la CPI.
En tal sentido, Khan fue enfático al manifestar que no será visto con buenos ojos ningún intento de servirse de la apertura de la investigación para obtener beneficios políticos o politizar la labor independiente de la Fiscalía.
PLENO COMPROMISO CON LA JUSTICIA
Fiel al compromiso con la justicia y contra la impunidad, el Ministerio Público de Venezuela contabiliza 780 causas bajo investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos, tanto en las protestas violentas de 2017 como en hechos posteriores.
Desde 2017 hasta la fecha fueron acusados mil 61 funcionarios de distintos organismos del Estado señalados como presuntos responsables de delitos de esa naturaleza, de los cuales 196 recibieron sentencia condenatoria, confirmó a Prensa Latina el fiscal general de la República Bolivariana.
Todo ese trabajo está sustentado en expedientes que podrán ser revisados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la nueva fase de investigación, señaló Saab, quien destacó además la exitosa experiencia de cooperación con la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En virtud del diálogo permanente con esa oficina, el Ministerio Público dio un impulso procesal a casos puntuales relativos a muertes en protestas, tratos crueles o privaciones ilegitimas de libertad, afirmó el titular.
Aseguró además que Venezuela y sus instituciones saldrán fortalecidas y, en el marco del memorando de entendimiento, quedarán demostrados los sostenidos avances del país en la aplicación de la consecución de la justicia.
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Venezuela
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