La institución reaccionó ante la noticia sobre 35 procesos judiciales por diversos cargos, entre ellos, varios por corrupción, que pesan contra el actual presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, uno de los organizadores del paro del 8 de noviembre.
“Este sujeto cometió una serie de ilícitos, entre ellos, el de alzamiento armado, porque organizó tras la asonada de 2019 a la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista (UJC)”, afirmó a Bolivia TV el presidente de la entidad departamental de letrados, Roly Velarde.
Calvo debería estar tras las rejas también por otros delitos, entre ellos, sedición, terrorismo, conspiración, instigación pública, asociación delictuosa, entre otros, subrayó el jurista.
Velarde recordó que, mediante la UJC, el entonces “líder cívico cruceño” instigó conflictos sociales en la capital departamental e, incluso, vulneró los derechos al libre tránsito y al trabajo al secuestrar a familias cruceñas de sus casas.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz llamó el 10 de noviembre a “tumbar” al Gobierno de Luis Arce y a asumir en general acciones de desestabilización contra el país.
Calvo fue, junto a su colega opositor y gobernador del departamento de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, uno de los principales instigadores del paro emprendido el 8 de noviembre, que causó graves afectaciones económicas, sociales y sanitarias.
Según medios locales, también organizó bloqueos y otras acciones alrededor del receso laboral, junto a los llamados “grupos cívicos” de Santa Cruz y Potosí, para rechazar la Ley 1386 sobre ganancias ilícitas por, supuestamente, lesionar sus intereses.
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