Surún Hernández explicó que los artículos 9, 11, 13, 16, 22, 24 y 26 de esta iniciativa jurídica atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información, a la vez que vulneran derechos fundamentales establecidos en la Constitución Dominicana.
Los abogados expresaron su preocupación respecto al estado en que se encuentran las libertades públicas en el país, tras la promulgación de dicha normativa.
Confiaron en que el TC protege los derechos de los dominicanos e hicieron un llamado al Congreso Nacional y al presidente de la República, Luis Abinader, para que “ejerzan su rol de representación”.
El pasado sábado, el vocero de la Presidencia Homero Figueroa aseguró que el Gobierno está abierto al diálogo ante el debate suscitado sobre la ley 1-24, que regula el Sistema Nacional de Inteligencia.
Figueroa sostuvo que el Ejecutivo respeta el principio de que la separación de poderes es esencial para la institucionalidad democrática.
Manifestó que la actual administración del presidente Luis Abinader acataría cualquier decisión emanada del TC y reiteró que la referida ley representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción, al proporcionar herramientas legales.
Desde la semana pasada, diversos sectores de la sociedad, principalmente políticos de la oposición, cuestionan la nueva Ley 1-24.
Consideran que la legislación tiene intereses ocultos o que no es muy clara en su contenido, por lo que demandan del Poder Ejecutivo una modificación de la misma.
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