No obstante, los datos más recientes indican que hay un largo camino por recorrer en materia de formalización y cumplimiento efectivo de las leyes.
Estadísticas de la OIT refieren que del total de empleadas del hogar, el 72,3 por ciento no tiene acceso a un empleo formal, y para 725 mil los niveles de protección social son insuficientes o inadecuados.
En tanto, 10 millones carecen de cobertura por la falta de aplicación de la legalidad y políticas vigentes.
Así lo recoge el informe El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, a 10 años del Convenio 189, que repasa los progresos en los países de la región.
Para el director regional de la OIT, Vinícius Pinheiro, la alta proporción de ratificaciones de ese acuerdo revelan el alto compromiso de los gobiernos con la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar.
“Ahora queda pendiente la parte más decisiva: conseguir su aplicación para hacer realidad el trabajo decente en el trabajo doméstico”, agregó Pinheiro.
El informe analiza la situación de cada país, plantea recomendaciones y recoge buenas prácticas como los mecanismos de acceso a la justicia y a la seguridad social, diálogo laboral y negociación colectiva, programas de profesionalización del trabajo doméstico, y campañas de información y sensibilización.
En tal sentido alentó a adoptar y adaptar esas iniciativas para garantizar los derechos laborales de las empleadas domésticas nacionales y migrantes, cuya labor es crucial para el funcionamiento de los mercados de trabajo y de las sociedades en su conjunto.
Antes de la pandemia de la Covid-19 el 91,1 por ciento de los empleados domésticos en la región eran mujeres, representaban el 6,8 por ciento del total de la población económicamente activa y el 11,3 de las féminas en esa categoría.
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