Mercado, representante en la Cámara baja por el departamento de Santa Cruz, dijo a la agencia de noticias ABI que la iniciativa tendrá carácter nacional y pacífico, y es una manera de refrendar la conformidad de los bolivianos con la gestión del Ejecutivo y el Movimiento al Socialismo (MAS).
Desde diferentes puntos del país, el martes partirán las caravanas que deberán concentrarse ante la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento bicameral) el 29 de este mes.
«Es importante que el pueblo boliviano sepa el gran respaldo que tiene la democracia, el proceso de cambio y el Gobierno legal y constitucionalmente establecido del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca», señaló Mercado al referido medio.
Explicó que será una gran movilización en la que participarán diferentes sectores de la vida económica y social boliviana, gremios, organizaciones estudiantiles, y otros, quienes contarán con las garantías constitucionales para expresar su posición de apoyo al trabajo del gabinete del mandatario.
La marcha fue convocada por el líder del MAS Evo Morales con el objetivo de mostrar al mundo que el Gobierno de Bolivia cuenta con el apoyo de la mayoría de la población como hace un año en las urnas, donde fue electo en primer vuelta con más del 50 por ciento de los votos válidos.
También busca contribuir a la defensa de la democracia en este país, bajo asedio por la oposición que busca subvertir el orden con acciones desestabilizadoras disfrazadas de inconformidad ciudadana.
La derecha boliviana convocó en las pasadas semanas a paros en rechazo a la Ley 1386 que establece la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, abrogada este martes.
Ese cuerpo jurídico fue objetado por la oposición bajo el argumento de que viabilizaría la persecución política y obstruiría el desarrollo de ciertos sectores contrarios a la agenda del MAS.
Sin embargo, expertos apuntan que la normativa dejaría al descubierto operaciones financieras ilegales, algunas relacionadas con pagos a los perpetradores de los hechos violentos relacionados con el golpe de Estado en 2019.
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