El análisis, en modalidad presencial, dará continuidad a la sesión 743 del pleno del legislativo, suspendido por la presidenta del ente, Guadalupe Llori el miércoles último, tras cerca de cuatro horas de evaluación.
De acuerdo con el gobierno nacional, la normativa busca promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, el reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano y la seguridad jurídica para la reactivación económica del país tras la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, desde algunas bancadas consideran que el reglamento afecta a emprendedores y pequeños empresarios y mantiene beneficios a los grandes grupos económicos y familias adineradas.
Varias organizaciones sociales y movimientos políticos también coinciden con esos planteamientos.
Al respecto, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, sostiene que el proyecto de ley perjudica a las mayorías populares, a la clase media y a los productores, promueve el extractivismo y la privatización.
Según sostiene; “Beneficia solo a la banca y al Fondo Monetario Internacional”.
Por su parte, la asambleísta Raisa Corral, de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), aseguró: «No es justo que si sigan profundizando las brechas, las desigualdades y las inequidades entre los ecuatorianos. Una ley de desarrollo económico tras la pandemia, no puede ser quitar dinero de los bolsillos a los ecuatorianos».
La bancada de UNES respalda las propuestas contenidas en el informe de minoría presentado por Carlos Zambrano, vocal de la Comisión de Desarrollo Económico, que propone alternativas viables para recuperar los recursos de quienes actualmente no pagan tributos y evaden sus obligaciones.
El nuevo proyecto reforma 20 cuerpos legales de distintas materias, contiene 207 artículos, ocho disposiciones generales, 15 transitorias, una interpretativa, una derogatoria y otra final.
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