La normativa, presentada por el ejecutivo ante la Asamblea Nacional con carácter de urgente, quedó aprobada por el Ministerio de la Ley, pues los legisladores no llegaron a ningún consenso durante el debate, ocurrido la semana pasada.
Con la puesta en práctica de la regulación, la administración central espera recaudar más de mil 90 millones de dólares en dos años.
Sin embargo, legisladores de varias bancadas, sectores sociales y gremios de trabajadores consideran que el cuerpo legal solo perjudica a las familias de menos ingresos y mantiene beneficios a los grandes grupos económicos.
La Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia Covid-19 entrará en vigencia a partir de enero de 2022, según lo informó hoy el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes.
Aunque el parlamento no logró aprobar, modificar o negar el contenido del documento en el plazo de 30 días con el cual contó, todavía tiene la posibilidad de derogarlo o cambiarlo, en cumplimiento de la Constitución.
EL texto consta de 120 páginas, con 207 artículos, ocho disposiciones generales, 15 transitorias, una interpretativa y otra derogatoria.
Promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano y seguridad jurídica para la reactivación económica del Ecuador tras haber afrontado la pandemia de la Covid-19 son los principales objetivos de la propuesta.
El reglamento también reforma varias normas como la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el Código Tributario, el Administrativo, el General de Procesos, de Planificación y Finanzas Públicas y las leyes para la Optimización y eficiencia de trámites administrativos, el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones, entre otras.
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