La medida quedó oficializada en el Decreto Ejecutivo 276, como renovación de una declaratoria anterior por grave conmoción interna en el sistema penitenciario, aplicada por 60 días y que expiró la víspera.
A través del dictamen el mandatario dispuso movilizar a las instituciones de administración pública, especialmente la policía, las Fuerzas Armadas y el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores en todas las cárceles a nivel nacional, para mantener y restablecer el orden.
El documento reconoce que Ecuador solo tiene mil 646 agentes penitenciarios y un déficit de al menos dos mil 500, mientras que la población carcelaria es de 37 mil 201 reclusos.
Asimismo, refiere que hasta el mes en curso, los agentes policiales en servicio activo en todo el país, dedicados a la seguridad interna, suman 51 mil 631, lo cual equivale a 1,34 efectivos por cada persona privada de la libertad.
El texto recalca que teniendo en cuenta esas cifras, el números de agentes penitenciarios y del orden resulta insuficiente para controlar la crisis actual en los reclusorios, sin dejar al resto de la población desprovista de vigilancia por días.
Con esos y otros argumentos, el dignatario decretó el estado de excepción, con la finalidad de precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad, como grupos de atención prioritaria, del personal de seguridad de esas instalaciones y de los agentes del orden.
Busca además controlar las circunstancias que han alterado el funcionamiento de la red de prisiones, restablecer la convivencia pacífica y el orden, a efecto de que los centros puedan cumplir su misión constitucional de rehabilitación social.
«En caso de existir incidentes flagrantes que puedan atentar contra los derechos de personas en el interior de los centros de privación de la libertad, zonas perimetrales, vías y zonas de influencia, la Policía de manera coordinada con las Fuerzas Armadas deberá intervenir de modo urgente, dentro del marco constitucional y legal vigente», dicta el texto.
También queda establecido permiso para realizar las requisas necesarias con el objetivo de mantener el orden y la seguridad al interior y exterior de esas instituciones a nivel nacional, cuya crisis se agudizó en los últimos tres años, con enfrentamientos entre bandas rivales y matanzas.
El punto más álgido fue en septiembre último, cuando una masacre en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, cobró 119 vidas, mientras que dos semanas después, en otro disturbio los muertos superaron el número de 60.
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