Diversos analistas señalan que, como una de las secuelas del azote de la pandemia de Covid -19- junto a la crisis económica, falta de empleo y carencia de servicios básicos-, la inseguridad derivada del crimen organizado sobresale como la principal preocupación de la sociedad.
El pasado 1 de diciembre, la detención de 57 personas asociadas al Clan del Golfo, de Colombia, en la provincia de Colón, entre ellas nueve funcionarios públicos; y el decomiso de poco más de 10 millones de dólares y de decenas de autos y bienes, añadieron inquietudes en torno al auge de la violencia.
Para el exdirector de la Policía Nacional Ebrahim Asvat, en Panamá siempre ha existido un grave problema de lavado de dinero y organizaciones criminales, sin embargo, la diferencia radica en que actualmente la resolución de las disputas de estos grupos se está llevando en los espacios públicos.
Opinó que el otro factor es que ya hay bandas juveniles peleando territorio y cuando caen en estas disputas lo hacen asesinando a sus rivales.
A juicio del exfuncionario, el otro factor es el del trasiego de drogas y el dinero, algo que se hace en coordinación con agencias de Estados Unidos.
Tras el más reciente decomiso millonario hecho por las autoridades nacionales, lo más probable es que en los próximos días se desaten hechos violentos, alertó el también jurista.
Para Ramiro Jarvis, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, es evidente que este fenómeno del crimen organizado tiene un efecto negativo en el país istmeño.
Jarvis enfatizó que esta situación obliga a todos los actores a ver la magnitud del problema y la capacidad que tienen estas organizaciones criminales de impregnar tanto a fuerzas de seguridad, como a instituciones públicas y a grupos políticos.
Sobre el tema, Jaime Abad, exdirector de la Policía Judicial, consideró que “el tsunami” que produce el crimen organizado superará los esfuerzos que de buena fe los funcionarios acometen en sus instituciones y pronosticó en que solo un enfoque integral del problema y su enfrentamiento logrará los efectos positivos para la tranquilidad social.
En la red social de Twitter, el periodista Álvaro Alvarado aseveró recientemente que cada día Panamá está más inseguro, tema sobre el que ministro de Seguridad Juan Pino aseguró que los crímenes ocurridos, incluso en barrios lujosos, están relacionados “con ajustes de cuentas por el tráfico de drogas”.
Al respecto, Luis Carlos Samudio, del diario La Estrella de Panamá, llamó la atención sobre la presencia de la delincuencia organizada, cuya conducta criminal y desviada de la norma social afecta a terceros que no son parte de esa conflictividad.
El crimen limita el crecimiento económico, porque la violencia implica costos directos, que tienen que ver con la pérdida de vidas humanas y del patrimonio de las víctimas, pero también con los gastos para prevenir la violencia, apuntó.
Samudio insistió en que el Estado crea distintas estrategias para combatir ese flagelo, pero aún es insuficiente.
Al respecto instó a planificar, mediante el diálogo, con la participación de expertos, partidos políticos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, gremios, empresarios, y comunidades ecuménicas, con el fin de establecer una política de Estado integral de seguridad.
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