La moción presentada por el legislador Alejandro Jaramillo, de Izquierda Democrática, requería el aval de 70 asambleístas y logró acumular 82 votos a favor, mientras que hubo 33 negativos y 20 abstenciones.
«No existe conmoción social, sin embargo, hemos dicho que el presidente tiene que acudir a la Asamblea Nacional a dar esas respuestas a Ecuador, a los ecuatorianos (…), debe acudir al pleno de esta Asamblea Nacional pues han quedado dudas y las puede despejar», aseguró al presentar su pedido.
La resolución propuesta consta de tres artículos, centrados en el exhorto al dignatario y en disponer a la Contraloría General, Fiscalía general, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico revisar las cuentas de Lasso, participaciones societarias, propiedades y declaraciones de impuestos vinculadas a los Pandora Papers.
En tercer lugar, el documento indica remitir el informe y expediente elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales a esas mismas instancias para que inicien las acciones correspondientes de ser el caso, en el marco de sus competencias y remitan a la presidenta del legislativo, Guadalupe Llori el avance de las investigaciones en un plazo de 30 días.
La disposición final fue notificar a las personas y entes correspondientes.
Anteriormente no procedieron mociones relacionadas con archivar el informe ni un pedido de destitución de Lasso por «grave crisis política y conmoción interna», relacionadas con los «Pandora Papers»,estudio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que difundió una lista de figuras vinculadas a paraísos fiscales.
De acuerdo con ese reporte, Guillermo Lasso estuvo relacionado con 14 empresas y se deshizo de al menos una decena en 2017, cuando presentó su segunda candidatura presidencial.
La disyuntiva principal es definir si el mandatario incumplió una ley aprobada en consulta popular ese mismo año, que prohíbe a nominados a dignidades y funcionarios públicos tener bienes, capital o sociedades en países considerados paraísos fiscales.
Horas antes del debate, la Contraloría General del Estado decidió archivar un proceso abierto al presidente, por los presuntos nexos con los Pandora Papers.
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