El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó a periodistas que el fiscal anticorrupción del caso estableció que existen las pruebas suficientes para sostener en un juicio que “la conducta del exdirector de Migración se subsume a los delitos acusados”:
Precisó que después de los análisis disponen de seis evidencias testificales y 51 pruebas documentales, además de contar con las pericias correspondientes.
La fiscalía departamental acusó a Rivas por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios y de influencias, además de incumplir con los procedimientos normativos, por aparentemente instruir la activación de alertas migratorias denominadas “informativas”.
Estas alertas deben emitirse por instrucción judicial o requerimiento fiscal y deben ser solicitadas a la Dirección General de Migraciones por la Interpol, la Fiscalía, Juzgados, la Unidad Policial de Control Migratorio, señaló.
Alave puntualizó que ninguna de las 445 alertas migratorias emitidas por Marcel Rivas tuvo el respaldo de esos órganos o instituciones.
Las arbitrariedades del exfuncionario facilitaron la fuga de los ahora requeridos exministros Arturo Murillo (de Gobierno) y Luis Fernando López (de Defensa) cuando cumplían con sus funciones, según el periódico El Pueblo.
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