El panel de 34 miembros mantuvo un tono neutro a lo largo de las casi 300 páginas del informe al mandatario, haciendo referencia a un «profundo desacuerdo» sobre la controvertida propuesta de ampliar el número de jueces, aunque no adoptó posición al respecto, señaló el diario The Hill.
Pero las conclusiones probablemente definirán los contornos de futuros debates sobre propuestas como la limitación de la jurisdicción del máximo ente judicial y la concesión al Congreso de una autoridad especial para anular decisiones.
Sin embargo, la naturaleza formal y académica del texto contrasta fuertemente con la atmósfera políticamente cargada que se cierne sobre ese órgano, apuntaron analistas.
Justo la semana pasada, los jueces escucharon los argumentos sobre la prohibición del aborto en Misisipi a partir de las 15 semanas, lo cual desafía directamente el histórico fallo en el caso Roe vs. Wade, en 1973, que garantizó el derecho a interrumpir el embarazo en Estados Unidos.
Los debates en torno al proyecto antiabortista de Misisipi quizás envíen la señal más clara hasta ahora de hasta dónde está dispuesto a remodelar la vida estadounidense el tribunal de mayoría conservadora (6-3).
Entretanto, grupos que abogan por reformas más radicales al Supremo también expresaron su descontento por el informe.
«Quedó claro desde el momento en que el presidente Joe Biden no pidió recomendaciones a la comisión que el grupo no tenía la intención de afrontar de forma significativa la crisis de legitimidad del Tribunal Supremo», escribió el Project On Government Oversight.
«La comisión trabajó de forma diligente y reflexiva, pero sus deliberaciones hicieron dolorosamente evidente que solo le daría a Biden lo que pidió: un informe de libro», advirtió.
El debate sobre el futuro de la Corte Suprema se intensificó en 2020, cuando los republicanos del Senado se apresuraron a confirmar antes de las elecciones de noviembre a la tercera candidata del entonces presidente Donald Trump, Amy Coney Barrett.
La medida provocó la furia de los demócratas, a quienes en 2016 se les negó una audiencia para Merrick Garland, elegido por el mandatario Barack Obama para reemplazar al fallecido juez Antonin Scalia, porque en ese momento los republicanos alegaron que las confirmaciones en años electorales son improcedentes.
Durante su campaña electoral, Biden prometió –de llegar a la Casa Blanca- crear una comisión y ahora que tiene en su poder el informe podría enfrentar nuevas preguntas sobre los planes de su administración para reformar el tribunal.
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