En entrevista con medios locales de prensa en la sede del Gobierno nacional, el mandatario consideró innecesaria su asistencia al parlamento, pese a un exhorto aprobado la víspera, para que aclare ante el pleno dudas acerca de sus supuestos nexos con empresas en territorios offshore.
Al respecto, el gobernante decidió enviar una carta al congreso unicameral con un dictamen emitido por la Contraloría General del Estado, que decidió archivar la investigación de los denominados Pandora Papers, en los cuales se establece el nexo de Lasso con los paraísos fiscales, por falta de elementos comprobatorios.
«El informe es contundente y absolutamente claro, por lo tanto no es necesario que yo asista a la Asamblea Nacional llevando el oficio de la Contraloría o para repetir el informe del contralor», insistió.
En cuanto a una moción presentada en la misma sesión del órgano legislativo para impulsar su destitución, estimó que fue una actitud conspiradora, la cual no logró conseguir los votos necesarios para su aprobación.
Lasso aparece en una lista de figuras internacionales relacionadas con bienes, capital y compañías en paraísos fiscales, que emitió en octubre pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) bajo el nombre de Pandora Papers.
A partir de esa información, se abrieron procesos indagatorios en la Contraloría y en la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que en 2017 quedó aprobada una ley, tras una consulta popular, para prohibir a candidatos a máximas dignidades y funcionarios públicos tener dinero o empresas en paraísos fiscales.
Según el ICIJ, el presidente se deshizo de una decena de compañías ese año, cuando se postuló por segunda vez, sin embargo, algunos reportes indican que su desvinculación se hizo efectiva después de oficializar la candidatura y eso sería una infracción.
La resolución de la Asamblea Nacional también dispone a la Contraloría, Fiscalía, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico revisar las cuentas de Lasso, así como remitir el informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales a esos entes para las acciones correspondientes, de ser el caso.
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