La relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, aseguró que, junto a las mujeres y niños, también sufren especialmente los indígenas y las personas con discapacidad.
En la lista de personas vulnerables se incluyen, además, los refugiados, los desplazados internos, los migrantes, las personas que viven en la pobreza, los ancianos y las aquellos que padecen enfermedades graves, añadió.
La ayuda social o humanitaria muy a menudo no puede ser suministrada debido a las medidas coercitivas que imponen unos países sobre otros, a pesar de las exenciones existentes, dijo Douhan, y añadió que los grupos vulnerables son los que más dependen de ese apoyo.
Las medidas extraterritoriales conllevan a que las entidades se excedan en el cumplimiento de las sanciones unilaterales por miedo a las consecuencias de las infracciones involuntarias, añadió.
De acuerdo con Douhan, a veces los bancos son reacios a financiar la ayuda o a procesar las transacciones para las compras humanitarias, las empresas de transporte se niegan a manejar los envíos de bienes y las ONG dejan de operar debido a estas dificultades.
La experta afirmó que los países objeto de las sanciones, como Venezuela, Cuba, Siria e Irán, sufren embargos de combustible que les dificultan mantener infraestructuras esenciales para la vida, como los sistemas de suministro de alimentos, agua, saneamiento, salud y electricidad.
“Cuando las naciones no reciben combustible, los gobiernos no pueden, por ejemplo, distribuir los medicamentos y los equipos de salud necesarios en cada hospital para garantizar la atención de los enfermos”, comentó.
Douhan urgió a los estados y gobiernos que imponen sanciones unilaterales, como es el caso de Estados Unidos, que «las levanten o reduzcan al mínimo, tal y como exige el derecho internacional, y que apliquen procedimientos que faciliten la entrega de ayuda humanitaria».
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