El interpelante en el caso es el legislador Darwin Pereira, del partido Pachakutik, quien expuso al menos ocho causales, como la falta de control a las instituciones financieras para prevenir fraudes digitales, a entes ilegales y las renegociaciones detectadas durante la pandemia de la Covid-19.
La Comisión de Fiscalización del legislativo aprobó el pedido con el voto de los nueve miembros de esa mesa permanente.
El próximo paso será definir el calendario del proceso, que incluirá las comparecencias y la presentación de pruebas de descargo por parte de Arregui.
El nuevo proceso quedó definido a pocas horas de la censura y destitución del Superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, también sometido a juicio político por el parlamento.
De acuerdo con la resolución, Anchundía faltó al control al mercado de valores que provocó un millonario perjuicio al Instituto de Seguridad Social de la Policía.
Quedan pendientes trámites similares ante solicitudes contra el procurador Íñigo Salvador y el contralor subrogante Carlos Riofrío.
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