En la presentación del cuerpo jurídico ante el legislativo, Samuel Rodiles, presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano (Inotu), resaltó el proceso de análisis y búsqueda de consenso al cual fue sometido el texto.
En este sentido, destacó las consultas a expertos y varias sesiones de trabajo con los diputados, intercambios en los cuales fueron realizadas más de 200 propuestas, que resultaron en una modificación sustancial del documento.
Asimismo, la población también hizo importantes aportes, mediante la página web del Parlamento, el correo electrónico y otras vías.
El dictamen de las comisiones de Industrias, Construcciones y Energía, y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos sobre la ley, destacó que esta constituye una disposición necesaria y novedosa.
Asimismo, resaltó aspectos de esta como la propuesta de la declaración de incompatibilidad y ruina sobre las edificaciones; la construcción en azoteas estatales, y las servidumbres.
También el reconocimiento de la necesidad de mecanismos e incentivos económicos, fiscales y legales que compulsen a un manejo sostenible del suelo y las herramientas que permiten poner los beneficios derivados de las operaciones sobre el suelo al servicio del interés general.
Por la importancia de la legislación y su impacto en la vida cotidiana, las comisiones parlamentarias recomendaron al Inotu desarrollar un plan de capacitación de sus integrantes y otros organismos, de modo que conozcan a profundidad sus elementos.
De igual manera, establecer una estrategia de comunicación social que permita darla a conocer a la población, uno de sus actores, así como informar al Parlamento en el término de dos años sobre su implementación.
La norma regula de forma adecuada las exigencias del planeamiento, la gestión, el control y la disciplina territorial y urbana, además de actualizar el marco jurídico de manera que articule y coordine las diferentes competencias que inciden sobre el territorio.
Para ello establece los instrumentos, ámbito, alcance, niveles de aprobación y gestión; asimismo, define las responsabilidades de los órganos locales del Poder Popular y los distintos actores que intervienen en estos procesos, y el régimen urbanístico del suelo, entre otros asuntos.
La ley está en consonancia con derechos constitucionales como los referidos al disfrute de los bienes de propiedad personal relacionados con el suelo, a un medio ambiente sano y equilibrado, a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada.
Igualmente promueve la protección y el uso racional de los recursos naturales del país, la preservación del patrimonio cultural y natural, todo ello en estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad, mediante políticas públicas y disposiciones.
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