En febrero de 2020, el gobierno del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis estableció nuevas reglas para registrar a esas entidades en el país, y con vistas a desalentar la llegada de irregulares reforzó las patrullas en las fronteras, endureció el acceso al asilo y redujo las ayudas, según fuentes de las ONGs
El pasado día 15 el ministro de Migraciones Notis Mitarachi informó que su gobierno asumiría la responsabilidad de los programas financiados por la Unión Europea que antes gestionaba la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, perteneciente a Naciones Unidas
Pero antes, en septiembre, una ley prohibió a las ONGs efectuar rescates en el mar a menos que “colaboren estrechamente con los guardacostas”.
El irrespeto de esa normativa puede conllevar una multa de al menos 500 euros por persona, tres mil para la organización y una pena de prisión mínima de hasta un año.
La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, dijo que esa ley «obstaculizaría la labor de rescate en el mar que realizan las ONGs y su capacidad para vigilar los derechos humanos en el mar Egeo».
Grecia enfrenta persistentes acusaciones por devoluciones de migrantes consideradas ilegales, algo que Atenas niega.
El gobierno heleno esgrime su obligación de vigilar a todas las organizaciones y al personal que está en contacto diario con personas vulnerables, incluidos mujeres y niños, para garantizar que no cometan delitos, abusos sexuales o traficaron drogas.
Entre las ONGs afectadas está Beyond Borders, un grupo griego-alemán que ayuda actualmente a más de 400 personas para reagrupamientos familiares y demandantes de asilo.
También Refugee Support Aegean que proporciona asesoramiento legal a personas bajo régimen de deportación.
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