En ese momento el Gobierno se comprometió con los ajustes salariales, entregas de tarjetas de débito, publicación de su estatus especial, y la implementación de un plan de seguridad en los juzgados.
Casi cinco años después, critican que el acuerdo aún no se implementó, mientras el nuevo ministro de Justicia, Berto Dorcé, se niega a concederles una audiencia para discutir el documento.
Los secretarios amenazan con extender el movimiento de manera ilimitada si las autoridades no acceden a sus demandas.
En agosto este gremio también fue a la huelga durante varias semanas, y deploraron la inseguridad en el área de Puerto Príncipe, particularmente en Bicentenario donde se encuentra el Tribunal de Primera Instancia, lo cual perjudica el trabajo de los secretarios de juzgado, aseguraron.
El paro tiene lugar a finales de un año crítico para el sistema judicial, asolado por cíclicos movimientos de protestas de fiscales, jueces y empleados, y mientras aumenta dramáticamente el fenómeno de detención preventiva prolongada.
Se estima que el 85 por ciento de los reos se encuentran en las cárceles sin sentencia de los jueces, y la mayoría no tienen acceso a abogados.
La situación empeora las condiciones del sistema penitenciario que opera al triple de su capacidad, mientras organizaciones de derechos humanos critican este fenómeno.
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