Al menos es la evidencia más reciente de la Casa Blanca al anunciar este martes su negativa a dar asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el año fiscal 2022 (octubre 2021-septiembre 2022).
Tampoco permitirá préstamos internacionales en esos rubros a la isla porque, según los estándares de Washington, el país caribeño no hace “lo suficiente para combatir la trata de personas”.
Medios de prensa replicaron la noticia como si esas restricciones fuesen algo nuevo, pero el pueblo cubano sufre hace seis décadas un férreo bloqueo económico, comercial y financiero que durante este tiempo aplicaron sin distinción lo mismo administraciones demócratas como republicanas en la Casa Blanca.
Ahora, en un memorando dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken, Biden expresó la determinación «con respecto a los esfuerzos de los Gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas», una acusación que las autoridades de La Habana tildan de calumniosa y que, a juicio, solo atizan el fuego de la hostilidad hacia la isla.
El memorando, que se deriva de la inclusión de Cuba en el Nivel 3 del Informe sobre trata de Personas del Departamento de Estado el pasado 1 de julio, da continuidad a una decisión de Trump, señaló una fuente diplomática a Prensa Latina.
Por mandato de la Ley de Protección a las Víctimas de Trata de Personas del 2000, deben imponerse restricciones que pueden abarcar las prohibiciones de otorgar ayuda económica, excepto la relacionada con asuntos humanitarios o comerciales.
Además, impide el otorgamiento de fondos a programas de intercambio educacional y cultural, y presiona a instituciones internacionales para torpedear cualquier entrega de financiamiento o préstamos.
De acuerdo con la norma, esas limitaciones tienen validez durante un año fiscal y esta es la tercera vez de forma consecutiva en que se incorpora a Cuba.
Otros países que aparecen en el memorado son China, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria.
La medida seguirá en vigor «hasta que dichos Gobiernos cumplan con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Trata o hagan esfuerzos significativos” en esa dirección, a tono con las exigencias de Washington.
En julio de este año, Cuba fue añadida al Informe de Trata de Personas 2020 emitido unilateralmente por el Departamento de Estado, acusación de inmediato rechazada en una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas.
«Al imitar las calumnias inmorales del gobierno de Donald Trump, la actual política exterior de los Estados Unidos pone en tela de juicio su compromiso sincero con el enfrentamiento al terrible flagelo de la Trata de Personas, a la vez que vulgariza el esfuerzo internacional en combatirlo», expresó la Cancillería cubana.
A su vez, denunció que la Casa Blanca pretende «desacreditar la cooperación internacional de Cuba en la esfera de la salud, por la que nuestro país ha recibido el reconocimiento de decenas de gobiernos (…) y el elogio de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales».
En más de una ocasión, las máximas autoridades del país caribeño ratificaron que Cuba practica una política de Tolerancia Cero ante cualquier modalidad de Trata de Personas, y cuenta con un loable desempeño en la prevención, enfrentamiento y protección a las víctimas.
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