Desde mediados de 2021 la violencia se enseñoreó en esa región occidental que comparten los estados federados de Gharb Darfur (oeste), Janub Darfur (sur) y Shamal Darfur (norte), este último escenario de los asaltos a los almacenes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), instalaciones incendiadas por los agresores.
Las acciones también afectaron a recintos de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (Unamid), lo cual puso en dudas las supuestas ventajas de su retirada en 2020, luego de 13 años de su establecimiento allí a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, condenó los «continuos saqueos y ataques contra las instalaciones, el equipo y los suministros de Naciones Unidas en El Fasher, capital de Darfur del Norte», así como indicó la pérdida de medios técnicos y suministros con esos atracos.
Esos agresores fueron descritos vagamente como un grupo de hombres armados desconocidos que viajaban en seis vehículos y «se enfrentaron con las fuerzas que protegían las instalaciones y sustrajeron cantidades de comida», declaró a la televisión el gobernador Nimr Mohamed Abdel Rahman.
La convivencia en la región darfurí en general sufrió múltiples lesiones durante las dos últimas décadas, principalmente por la primera etapa de la guerra, desde 2003 hasta 2009, y la segunda, del 2010 al 2020, un evento bélico que sumió a sus estados en un baño de sangre causante de más de 300 mil muertos, según la organización mundial.
En ese contexto, fue evidente el desgarramiento del tejido social que alejó al entendimiento étnico y político, cuando se enfrentaron facciones de origen árabe con movimientos armados de otra extracción racial, esa división estuvo en la base de la guerra civil, cuyas consecuencias son heridas que permanecen abiertas.
Los motivos de los ataques a entidades de Naciones Unidas no pueden separarse de la grave situación humanitaria que atraviesa el segmento poblacional más vulnerable en Al Fasher, la capital de Darfur del Norte, lo que en cierta forma explica por qué tras los asedios muchos ciudadanos se lanzaron a saquear los bienes de ONU, comentó la prensa de ese país.
No obstante, la crisis socioeconómica no justifica el bandidismo, que en este caso coloca entre interrogantes la capacidad de las autoridades de dar una respuesta integral al caos vinculado con el deterioro de los estándares de seguridad en ese territorio, un botón de muestra del cuadro que abarca a todo el país, afirman expertos.
Durante varios días se reportaron los asalto a tres almacenes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) por perpetradores armados, a quienes se unieron residentes de las vecindades sudanesas con la consiguiente afectación para el desempeño de la labor de esa entidad y cuyas actividades permanecen temporalmente suspendidas en la zona.
Según informaron fuentes de Naciones Unidas, en el atraco del 28 de diciembre pasado a la instalación del PMA se sustrajeron más de mil 900 toneladas métricas de alimentos destinados para el período de un mes a 730 mil ciudadanos en difícil situación humanitaria.
El Programa tiene otros cuatro almacenes en las localidades de Kebkabiya, Kutum y Sortony en Darfur del Norte, y teme que sean blanco de actos delictivos similares.
A finales de diciembre se destacó que lo ocurrido en la capital estadual es sólo un fragmento de un mosaico relacionado con la violencia en esa región del oeste sudanés, donde la persistencia de conflictos entre comunidades, además de arrasar asentamientos, causaron en 2021 cientos de miles de desplazados.
Will Carter, director del país africano en el Consejo Noruego para los Refugiados, calificó de atroces esos choques armados en Darfur, lo cual se conjuga con el temor de que extienda la inseguridad a otros territorios en el occidente de Sudán.
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