Más del 70 por ciento de los votantes republicanos creen que si Trump tuvo algo que ver con ese episodio fue “en pequeña medida”, mientras el 92 por ciento de los demócratas le achacan toda la responsabilidad con los hechos, que dejaron cinco muertos y más de 140 agentes de seguridad heridos.
Lo preocupante también es que para una mayoría de los republicanos (62 por ciento) hubo fraude en las elecciones de 2020, una matriz de opinión que acuñó el exmandatario con la cual incitó, supuestamente, a sus enardecidos e incondicionales seguidores a atacar la sede del Congreso aquel 6 de enero de 2021.
Una encuesta realizada por el diario The Washington Post y la Universidad de Maryland arrojó además que cuatro de cada 10 entrevistados coincidió en que la violencia contra el gobierno está justificada.
Algunos observadores sostienen que para los de la fuerza roja lo mejor sería mirar para otro lado respecto a ese vergonzoso suceso –considerado el peor ataque a la democracia de Estados Unidos-, pues saben que sus aspiraciones de volver a la Casa Blanca pasan de nuevo por un Trump cada vez más decidido a buscar la presidencia en 2024.
Los azules, por su parte, insisten en recopilar pruebas que impliquen al exocupante del Despacho Oval con lo sucedido ese día y cuestionan por qué demoró tanto en decir “basta” después de conocer lo que estaba sucediendo.
Desde su creación hace seis meses, el Comité especial o selecto de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios, apoyado en asesores, entre los que figuran exfiscales generales, entrevistó a más de 300 testigos y reunió alrededor de 35 mil documentos.
Además, los congresistas del equipo recorrieron el país para hablar con funcionarios electorales en estados disputados como Arizona y Pensilvania, donde Trump insiste, sin pruebas, que hubo fraude el 3 de noviembre de 2020.
«Nos estamos moviendo tan rápidamente como creo que lo ha hecho cualquier comité del Congreso», dijo el representante Adam B. Schiff, demócrata de California, quien dirigió el primer procedimiento de destitución contra el expresidente.
Pero el panel todavía se enfrenta a una letanía de demandas presentadas por Trump y sus aliados que tratan de bloquear o ralentizar las citaciones del Comité y los pedidos de archivos, añadió el congresista, citado por el diario The New York Times.
«Creo que algunos testigos realmente importantes están tratando de privar al Comité y al pueblo estadounidense de lo que saben», alertó Schiff.
Miembros del círculo más cercano de Trump que se negaron a cooperar con la pesquisa fueron acusados de desacato al Congreso como son los casos de su jefe de Gabinete, Mark Meadows, y su estratega Steve Bannon, que tiene juicio previsto para el próximo verano.
Hasta la fecha, más de 700 personas fueron acusadas por el Departamento de Justicia por determinados grados de participación en los incidentes, no pocos integran grupos y movimientos de extrema derecha (algunos fuertemente armados) como QAnon, Stop the Steal, Oath Keepers y los Proud Boys.
La principal imputación de los fiscales se relaciona con el ingreso ilegal en un lugar restringido (el Congreso), así como cargos de agresión o resistencia a la autoridad.
Del total de encausados, 70 recibieron condenas y 31 fueron a prisión, entre ellos Robert Scott Palmer (sentenciado a cinco años) y Jacob Chansley, conocido como “el chamán de QAnon” que cumplirá tres años y cinco meses de cárcel.
El 6 de enero, cerca de 10 mil simpatizantes de Trump marcharon hacia el Capitolio y unos 800 irrumpieron violentamente en la sede del legislativo para impedir la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden.
Aunque el propio exjefe de la Casa Blanca expresó que los sublevados iban desarmados, las imágenes recopiladas demuestran lo contrario: la mayoría portaban hachas, bates de béisbol, palos de hockey y otros artefactos.
En vísperas del aniversario, el comité especial aguarda por la decisión del Tribunal Supremo sobre si bloqueará o no la petición de Trump para acceder a los registros de las actividades y reuniones realizadas en la mansión ejecutiva alrededor del 6 de enero del pasado año.
La republicana Liz Cheney, vicepresidenta de la comisión, advirtió que su partido tiene que elegir: “Podemos ser leales a Trump o podemos ser leales a la Constitución, pero no podemos serlo a ambos y ahora mismo hay demasiados republicanos que están tratando de ayudar al expresidente».
Auguran que pronto la investigación entrará en una nueva fase con la celebración de una serie de audiencias públicas y se divulgará un informe final, «obviamente antes de las elecciones (intermedias) de noviembre», dijo el presidente del Comité, Bennie Thompson (demócrata de Misisipi).
De momento, Trump sigue sin admitir su derrota electoral y mantiene cuestionamientos incendiarios.
«¿Por qué no está investigando la causa de la protesta del 6 de enero, que fue la elección presidencial amañada de 2020?», preguntó hace poco el magnate.
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