La Comisión de Fiscalización y Control Político es la encargada de tramitar el pedido, impulsado por el asambleísta del partido Pachakutik Darwin Pereira, por supuesto incumplimiento de funciones.
De acuerdo con el parlamentario, son ocho las causales que sustentan la solicitud, entre ellas, la inacción o falta de control por parte de la funcionaria a instituciones del sistema financiero, que infringieron la ley durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19.
Al respecto, precisó que esas instancias cobraron intereses sobre valores no considerados en la normativa, sin la intervención de la superintendencia para evitar graves perjuicios en contra de la ciudadanía.
El pedido de juicio político también refiere presuntas violaciones expresas al Código Orgánico Monetario y Financiero, a la Ley de Seguridad Social y a la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos.
Sobre ese particular menciona específicamente lo relacionado con las normas de control para las entidades del sistema de seguridad social y la calificación de autoridades del Sistema Nacional de Seguridad Social y al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Inicialmente, el cronograma propuesto por la Comisión de Fiscalización comprende un total de 23 comparecencias solicitadas por las partes, así como posibles pruebas de oficio que el equipo considere necesario.
La etapa testimonial está prevista para iniciar el viernes 21 y debe durar hasta el 24 de este mes.
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