Ese Estado de la región del Sahel, en los pasados 12 meses resultó víctima de ataques de grupos terroristas que le causaron decena de bajas a las Fuerzas Armadas (FAMA) y a las tropas extranjeras participantes en la contienda contra los movimientos integristas de distorsionada filiación islámica.
La Cedeao siguió de cerca esa contienda bélica y también se interesó por las consecuencias de los cambios políticos ocurridos en agosto de 2020, cuando los militares derrocaron al presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK) y a lo que sucedió un proceso de transición.
Esa decisión del Ejército –al igual que la tomada en 2012 contra el entonces gobernante Amadou Toumani Touré- se relacionó en gran medida con la guerra no convencional que enfrenta el Estado con los grupos extremistas, dispersos desde 2013, pero no erradicados.
El 18 de agosto de 2020, protagonistas de un levantamiento en la base militar de Kati, cerca de la capital, Bamako, detuvieron al presidente Boubacar Keita y a varios ministros; poco después anunciaron la disolución del Parlamento y del Gobierno, lo que ahondó el malestar social y debilitó la institucionalidad.
Así, la Comunidad medió con los golpistas a través de un enviado especial, el exmandatario nigeriano Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan, pero en 2021 otro golpe castrense interrumpió el plan de transformaciones nacionales difundido a raíz del primer motín y desactivó totalmente el lesionado engranaje constitucional.
Una de las labores previstas que afectaron las asonadas fue el cumplimiento del calendario electoral y las promesas del restablecimiento de la autoridad civil en el país. Para calmar los ánimos la junta castrense negoció con líderes políticos y representantes de la sociedad civil una legislación con vistas a los comicios.
El 12 de septiembre de 2020 quedó aprobada la ley principal y la hoja de ruta del período de transición, la cual establecía que ese proceso de cambios duraría 18 meses con un presidente interino, Ba Ndau, y un primer ministro, el excanciller Moktar Ouane, ambos derrocados en 2021.
Assimi Goita, coronel del Ejército, encabezó los dos asaltos al poder, por lo cual medios de prensa le identificaron como un personaje rudo, cuyo primer golpe de Estado profundizó la crisis interna heredada de la administración de IBK y el segundo quebró el plan de transformaciones que la Cedeao consideraba prometedor.
La administración provisional informó ahora a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental que Mali necesita de seis meses a cinco años más para concluir la transición, solicitud admitida por partidos y grupos sociales, aunque sin el respaldo unánime, pues otros sectores demandan un rápido retorno a la civilidad.
En principio, el gobierno de tránsito acordó celebrar elecciones presidenciales y legislativas en febrero de 2022, 18 meses después de que el coronel Goita derrocara a Boubacar Keita, pero desde entonces se avanzó muy poco en el asunto de los comicios, por lo cual se culpó a la desorganización nacional y a la violencia integrista.
La propuesta de extender el calendario de la transición presentada a la Cedeao por el canciller maliense, Abdoulaye Diop, enfrenta la decisión los miembros del bloque subregional de perseverar en su rechazo a los golpes de Estado y abogar por el mandato civil.
Así se presume que la cumbre extraordinaria de la Comunidad enfrentará al menos dos líneas de criterios en su debate al máximo nivel el próximo domingo: quienes favorecen ampliar el tiempo de espera y los que por el contrario plantean la realización del programa electoral el próximo mes de febrero.
No obstante, la opción que se acepte en el evento deberá someterse a un conteo regresivo en ese un país donde la violencia de grupos extremistas y los golpes de Estado sumaron inestabilidad al cada vez más complejo panorama sociopolítico interno, ahora expuesto a debate en la Cedeao.
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