Esa decisión se vincula con la presencia cada vez más notoria de facciones de malhechores que secuestran y asesinan a civiles en estados de esas regiones y cuya actividad no es totalmente ajena a las facciones integristas de Boko Haram y la Provincia del Estado Islámico en África Occidental (Iswap), consideran analistas.
Hasta hace poco, existían distinciones en cuanto a figuras jurídicas y su correspondiente tratamiento ante la ley en un escenario donde la violencia escala peligrosamente por las agresiones de sediciosos que en la primera semana de este año masacraron a 200 personas, como confirmó el Gobierno.
Las agresiones ocurren cuando las autoridades aseguran que avanzaron en la lucha contra los grupos armados, aunque la violencia persiste en el norte y el noroeste del país, y se une a la insurgencia extremista de distorsionada confesión islámica de más de una década en esas zonas.
Expertos militares y académicos concuerdan en que desde puntos de partida diferentes los destacamentos radicales y las bandas de delincuentes comunes avanzan hacia la convergencia de sus objetivos, y no descartan la existencia de contactos entre ambos.
Nigeria es el país de mayor número de habitantes en el continente africano y atraviesa por un aumento de focos de inseguridad en la dirección septentrional con ataques muy violentos, particularmente en los estados de Yobe, Borno, Katsina y Zamfara, en este último se escenificaron los sucesos más letales de los últimos años con 200 fallecidos.
Centenares de hombres armados que se movían en motocicletas, un medio de transporte muy empleado por facciones terroristas, irrumpieron en una decena de localidades en los distritos de Anka y Bukkuyum, dispararon contra los residentes y saquearon e incendiaron moradas, refirieron los habitantes.
Según describieron medios de la prensa nigeriana, unos 500 asaltantes –identificados como bandidos- asaltaron a los residentes de las comunidades Barayar Zaki, Wanu, Rafin Gero, Laho, Lallaho, Kurfar Danya, Dutsin Dan Ajiya, Tungar Geza, Kewaye y Tungar Na More.
El portal digital People’s Gazette amplió que tras el asedio, los vecinos de esas villas lograron reunir los restos de las víctimas, muchas de ellas eran labriegos que los agresores sorprendieron cuando trabajaban la tierra.
Algunos testigos precisaron que unos 140 cadáveres eran milicianos de los grupos de autodefensa a quienes sepultaron en Kurfar Danya.
La reforzada legislación publicada en la Gaceta Oficial señala que «cualquier persona o grupo de personas que participe de cualquier forma en actividades que impliquen o sean relativas a las intenciones colectivas o los grupos señalados estarán violando las cláusulas de la Ley Antiterrorista de 2011 y serán juzgadas».
Asimismo añade que a esos individuos se les considera “ilegales en cualquier parte de Nigeria, especialmente en el noroeste y el centro-norte», regiones que abarcan los escenarios más afectados por el terrorismo y donde permanecen activas las operaciones de búsqueda y aniquilamiento ejecutadas por las fuerzas de seguridad.
En ese contexto, el presidente Muhammadu Buhari afirmó que «los últimos ataques cometidos por los bandidos contra inocentes son un acto de desesperación de asesinos en serie» y garantizó que no se abandonará a las comunidades acosadas “ porque estamos más decididos que nunca a desembarazarnos de esos fuera de la ley».
Con anterioridad, las autoridades calificaron como acciones terroristas los ataques perpetrados por los malhechores a los colaboradores directos y otros individuos afines a esas bandas.
La voluntad de reforzar la legalidad va acompañada de acciones concretas.
En un reciente parte semanal las fuerzas armadas reportaron que aniquilaron a 537 bandidos armados y a otros elementos criminales.
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