El análisis tuvo lugar en el pleno del parlamento, donde se evaluó, de forma virtual, el informe redactado por la Comisión del Derecho a la Salud.
La normativa, que busca proteger la salud de la ciudadanía frente a la enfermedad, comprende herramientas jurídicas para el mejor manejo de la dolencia y las diferentes variantes del virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.
Durante el análisis, la asambleísta María Vanessa Alava, de la alianza progresista Unión por la Esperanza, resaltó la participación de la academia en el proceso de socialización del proyecto de ley y reclamó respuestas, soluciones y políticas públicas en la gestión de la pandemia.
Por su parte, Amada María Ortíz, legisladora independiente, recalcó que el Estado es el encargado de atender y garantizar la vida en todo momento.
A juicio de Nelly Solanda Plúas, del Partido Social Cristiano, el proyecto debería constituirse también en la norma base para otros eventos adversos, mientras que Segundo José Chimbo, de Pachakutik, estimó excesivas las sanciones pecuniarias.
Entre las propuestas consta incluir en el borrador de instrumento legal el uso de la medicina ancestral, hacer modificaciones en el sentido del proyecto en temas como las sanciones, así como observaciones con respecto al rol y manejo de la pandemia por parte de la instancia rectora del sistema nacional de riesgos, con articulación interinstitucional.
El proyecto legal establece vías para declarar zonas de alertas sanitarias y planes de contingencia desde una visión epidemiológica, con el fin de adoptar medidas técnicas y motivadas y prevé un régimen de control respecto a la movilidad, sobre ferias, mercados y los aforos en locales de actividades comerciales, el uso de espacios públicos y de reunión.
Según aclaró el legislativo, forma parte del eje de salud, educación, cultura, seguridad ciudadana y gestión de riesgos de la Agenda Parlamentaria.
Garantizar el derecho a la vida y la salud, con regulaciones en las limitaciones al derecho de libertad de tránsito y reunión e inviolabilidad de domicilio, así como, las potestades de los organismos estatales para actuar también están contemplados en el borrador de la ley.
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