Por medio de un comunicado, la organización recalcó que ese enclave fue creado en 1903 y que se mantiene a pesar de su origen ilegal y en contra de la voluntad del heroico pueblo cubano.
Para el colectivo, esa acción, junto al levantamiento del inhumano, despiadado y genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por la Casa Blanca a Cuba (recrudecido, a pesar de la pandemia), significaría un importante paso de avance al respeto de los derechos humanos y la normalización de las relaciones, entre ambas naciones.
«La Base de Guantánamo la consideramos ilegal, pues Estados Unidos la impuso bajo coacción, amenaza y sin buena fe, tras la ocupación militar estadounidense en Cuba a inicios del siglo XX, luego de que Washington interviniera de manera sucia y oportunista en la guerra liberadora contra España y frustrara la independencia cubana», enfatizó.
La Asociación aseguró que la cárcel radicada en esa instalación castrense, fue creada en el 2002 por el presidente George Walker Bush para recluir a presuntos terroristas, después de los atentados del 11 de septiembre de 2011.
«Desde su fundación ha sido objeto de investigaciones y reiteradas denuncias sobre tratos inhumanos a los reclusos», advirtió.
Recordó que mucho antes de llegar a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden expresó durante la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania) que esa cárcel sería cerrada, pero, lamentablemente, hasta el momento ello no ha ocurrido.
Cuando se cumplen 20 años de la llegada de los primeros presos a la Base Naval de Guantánamo, territorio cubano ilegalmente ocupado por Estados Unidos, expertos de la ONU criticaron este lunes las detenciones arbitrarias sin juicio, la tortura perpetrada en ese enclave militar y la impunidad de los responsables de esos abusos.
«Guantánamo es un sitio de notoriedad sin precedentes, definido por el uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cientos de hombres llevados ahí y privados de sus derechos más fundamentales», denunciaron.
Resaltaron cómo el limbo legal en la Base Naval pone en evidencia las fallas del sistema judicial de Estados Unidos para proteger los derechos humanos y defender el estado de Derecho.
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