Como en 2020, la Covid-19 estuvo en el trasfondo de todo y no dio respiro; al contrario, mostró la cara oculta de un Ejecutivo más allá de la euforia de sus primeros discursos, otro 14 de enero en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Sucesivos Estados de Calamidad o de Sitio, protestas sociales, crisis hospitalaria y mal manejo de la pandemia y de los recursos aprobados por el Congreso para combatirla y comprar vacunas, pusieron en jaque al jefe de Estado y, entre dudas, sus promesas de unidad.
Durante los meses de junio, julio y agosto, directivos de los principales hospitales Covid-19 llegaron a decir que la pandemia los tenía de rodillas ante la avalancha de contagios sobre el depauperado sistema sanitario público, que recibió retoques cosméticos.
En diciembre último, el país superó los 16 mil fallecidos, la cifra más alta de Centroamérica y, en contraste, solo 4,9 millones de personas tienen el esquema completo de inmunización de una meta de más de 12 millones, ahora con el añadido de la variante Ómicron.
Paso a paso, la aceptación popular del mandatario fue en picada, de un 80 por ciento cuando llegó al poder pasó a 21 por ciento, según un reciente ranking de evaluación de gobernantes americanos publicado por la encuestadora Gallup (puesto 19 de 20).
El retraso en las entregas de vacunas compradas a Rusia y la dependencia de lotes donados ralentizaron el plan de inmunización hasta el segundo semestre y la pregunta ¿Dónde está el dinero y las vacunas? se hicieron virales en redes sociales y manifestaciones.
De tibios reclamos, a finales de julio el llamado a un paro plurinacional prendió en los departamentos con bloqueos continuos en carreteras clave como presión contra el Ejecutivo con la consigna ¡Hasta que caigan! para pedir la salida de Giammattei y su equipo.
Otra tónica del Ejecutivo fueron las intimidaciones abiertas contra periodistas y medios, al punto de que la Asociación de Prensa denunció en noviembre un asedio inusitado.
La criminalización se extendió también a líderes comunitarios y jueces independientes, que resultaron incómodos y tienen bajo su cargo procesos de alto impacto contra la corrupción, señaló la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop).
A su juicio, se registran mínimos esfuerzos por disminuir la desigualdad, la pobreza y pobreza extrema en el área rural y urbana como lo demuestra la baja calidad del gasto.
«El gobierno reprueba nuevamente ante la mirada de una población sitiada por la corrupción, la pandemia, el desempleo, falta de oportunidades y cuya única oportunidad es migrar», a menos de un mes del trágico accidente vial ocurrido en México con 53 guatemaltecos fallecidos y un centenar heridos.
Quizá el incumplimiento más evidente sea el combate a la desnutrición, que con la pandemia casi fue nulo, en tanto la prevalencia de la desnutrición crónica alcanza 49,8 por ciento, el primer lugar en América Latina y sexto en el mundo, según Unicef.
Dos temas tuvieron mejor desempeño para ser justos, la implementación del seguro médico escolar y la garantía de alimentación sin clases presenciales en la mayoría de los centros.
Otro banderín agitado por Giammattei fue lograr la reactivación macroeconómica (cierre de 7,5 del PIB) y cifra récord de atracción de inversiones extranjeras, un mérito reconocido por la élite empresarial, que le apuntaló siempre como históricos sectores beneficiarios.
Inmerso ya en un año preelectoral, se pondrá a prueba su capacidad para dilatar su autoridad a partir de conceder proyectos públicos y otras prebendas como moneda de cambio, sobre todo en el Congreso, que en buena medida le arropó y hoy escuchará su informe.
La nueva Junta Directiva estará otra vez en manos del partido oficial Vamos, pero la tendencia, advierten analistas, no cambiará; precozmente languidecerá su reinado rumbo al 2023 ante un déficit gigante de capital político y abrumador rechazo ciudadano.
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