El también diputado de la misma bancada, Allan Rodríguez, deja a Rivera a todas luces un clavo ardiente, la elección de 251 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones, que apenas avanzó porque colocaron el punto al final de la agenda y al llegar a este no había cuórum.
La estrategia fue totalmente deliberada y de esa forma postergaron el cambio de uno de los tres poderes del Estado, hasta ahora con los mismos integrantes desde 2014 en total incumplimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que les ordenó proceder de inmediato a principios del pasado año.
Según el informe de la organización Alianza por un Congreso Eficiente, solo debatieron el expediente de tres aspirantes, pero el requisito de hacerlo a viva voz y excluir del examen a los señalados por el Ministerio Público en casos de supuesta corrupción, paralizó el debate a pesar de los constantes reclamos de los partidos de oposición.
Los 26 nuevos titulares y suplentes del Supremo y 225 de Salas de Apelaciones debieron elegirse en 2019 y tomar posesión el 13 de octubre de ese año por un período de cinco años, pero una serie de ilegalidades, amparos e investigaciones de amaño, marcaron este proceso sin solución a la vista.
La nueva directiva lidiará con otro tema ya recurrente, la baja asistencia de los parlamentarios en contraste con un presupuesto que sigue creciendo y este 2022 ascenderá a 128 millones de dólares aproximadamente, sin que haya vínculo con eficiencia legislativa, más bien con improductividad.
Alianza… también alertó sobre el pobre trabajo parlamentario con solo 20 decretos aprobados, la presentación de 145 iniciativas de ley con el 40 por ciento en manos de comisiones para su análisis y 83 pendientes de remisión para un dictamen.
Rivera tendrá que trabajar, además, en una agenda mínima de leyes en beneficio de la población para cambiar la mala imagen del Congreso ante la ciudadanía y el trabajo de los diputados en beneficio de sus electores, así como intentar borrar la imagen dictatorial de Rodríguez a la hora de buscar consensos entre las bancadas.
Otros análisis apuntan a que este año, los intereses electorales marcarán la pauta, pues el Congreso tendrá en sus manos varios procesos clave para el futuro como la instauración de la Comisión Postuladora para el cambio de Fiscal General (quedó resuelto ayer en sesión extraordinaria) y la renovación del Procurador de los Derechos Humanos, hasta ahora una ficha incómoda para los intereses del Ejecutivo.
Asimismo, podrían impulsar reformas pendientes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y nombrará al nuevo Contralor General de Cuentas, instancia que extiende los finiquitos, documentos necesarios para aquellos que se perfilen como candidatos en junio de 2023.
Un Contralor alineado a los intereses oficialistas, según la oposición, podría frenar o entorpecer candidaturas, depurando a conveniencia y antes de tiempo las papeletas.
La autoridad suprema del evento eleccionario será el Tribunal Supremo Electoral, órgano electo por la actual magistratura, gracias a los votos de los bloques afines a la alianza oficialista.
Otro de los nombramientos que tendrá que hacer en 2022 el Organismo Legislativo será nombrar a un nuevo Contralor General de Cuentas (CGC), instancia que extiende los finiquitos, documentos necesarios para todo aquel que desee perfilar como candidato.
De acuerdo con analistas, en general los diputados tendrán la sartén por el mango en una especie de toma y daca con las propuestas que emanen del presidente Alejandro Giammattei, quien contó hasta ahora con un Congreso fiel.
Al entregar hoy la presidencia del Organismo y comentar sus logros, Rodríguez afirmó que «se legisló oportunamente» para enfrentar la pandemia del Covid-19 y consideró como principales logros aprobar proyectos para que el país tenga una situación económica favorable.
El pueblo y la historia de Guatemala nos juzgará, dijo, y en eso tiene toda la razón.
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