La propuesta fue analizada por la Comisión Parlamentaria de Justicia Estructura del Estado, que realizó algunas modificaciones al texto inicial, en temas como la temporalidad para aplicar el procedimiento en mayores de 18 años embarazadas por abuso sexual, así como en niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad.
El nuevo documento fue aprobado para segundo debate con el respaldo de siete votos, mientras que dos legisladores se pronunciaron en contra y hubo una abstención.
De acuerdo con el informe recién aprobado, los nuevos plazos para el aborto voluntario en caso de violación serán de hasta 22 semanas (cinco meses y medio) en menores de 18 años y hasta 20 semanas (cinco meses) para las féminas mayores de esa edad.
En el caso de personas con discapacidad, la recomendación es aplicar la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública.
La propuesta legal busca garantizar, sin discriminación, la dignidad, autonomía y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre el tema.
Su contenido comprende elementos encaminados a la atención integral para víctimas de violación y la interrupción del embarazo producto de ese delito, bajo protocolos basados en evidencia científica, insumos e infraestructura necesaria, profesionales capacitados y servicios apropiadamente difundidos en la comunidad.
Incluye además la provisión de información completa y veraz, así como estándares orientados a los profesionales directamente involucrados en la atención y a funcionarios a cargo de la gestión de los servicios.
Según determina el mecanismo legal, el personal de salud que deba intervenir en la práctica tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, lo cual les permite optar por no realizar el aborto.
El proyecto con 63 artículos, dos disposiciones generales, seis transitorias, nueve reformatorias y una final, irá a segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional, en fecha aún por determinar.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, adelantó que lo vetará, pese a respetar un dictamen emitido en abril de 2022 por la Corte Constitucional, en el cual despenalizó el aborto para todos los casos de embarazo resultante de una violación.
Al respecto, advirtió: “Fallo que yo respeto, más allá de no coincidir, pero lo respeto porque es mi obligación».
También existen opiniones controversiales entre expertos en derechos humanos, especialistas médicos y grupos a favor y en contra del aborto.
Algunos colectivos como el Consejo de Resistencia, Fe, Vida y Familia consideran que existen inconstitucionalidades en la normativa y enviaron una lista con las supuestas inconsistencias al Ejecutivo.
Su principal argumento es la importancia de garantizar la vida desde la concepción, algo que según sostienen, está contemplado en la Carta Magna.
De su lado, quienes están a favor de la regulación, se basan en la necesidad de proteger a las cerca de cinco millones de mujeres en edad fértil en este país, teniendo en cuenta los índices de violencia de género, los abortos inseguros y la muerte materna.
Estadísticas de organizaciones por los derechos humanos y de las féminas revelan que ocho de cada 10 embarazos en niñas de 14 años y menores, son producto de violaciones sexuales, en muchos casos perpetradas por miembros de la familia o personas cercanas a ellas.
«El texto recoge todo el trabajo de la mesa parlamentaria en la construcción del documento resaltando la participación de expertos, médicos, genetistas, abogados, representantes de colectivos feministas y provida», explicó a Radio Pichincha el presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo.
Bajo esas circunstancias, Ecuador deberá esperar unos días por una respuesta definitiva sobre la interrupción de un embarazo no deseado, derivado de actos de violencia sexual.
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