La evaluación estuvo a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales, que esta jornada recibió a académicos y especialistas para conocer sus opiniones sobre el tema.
Los comparecientes se pronunciaron sobre la necesidad de tomar en cuenta las formas de organización, conocimientos ancestrales y cosmovisión para ejecutar sentencia frente a un problema determinado y precisaron que el Estado debe respetar las decisiones de las autoridades indígenas.
Al respecto, la exjueza de la Corte Constitucional Nina Pacari reflexionó sobre el marco constitucional que sustenta la justicia indígena e insistió en la relevancia de atender sus propias particularidades y respetar sus derechos, para evitar persecución política, pues tiene jerarquía similar a la de la justicia ordinaria.
De su lado, Raúl Ilaquiche dijo que la jurisdicción de los pueblos y nacionalidades ancestrales está enmarcada en el nuevo modelo de estado constitucional de derechos y justicia intercultural y plurinacional regente desde el 2008.
Ante esa autoridad para resolver sus temas, el estado no puede intervenir, caso contrario se desconocería los derechos colectivos, el estado plurinacional y pluricultural.
En la sesión participaron también representantes del movimiento indígena ay campesino.
Por otra parte, comparecieron Marlon Santi, coordinador nacional del Movimiento Pachakutik y Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), quienes expusieron sus argumentos respecto del caso en estudio.
Santi solicitó a la mesa legislativa otorgar amnistías a quienes definió como “luchadores sociales, defensores de los luchadores, dirigentes y hermanos indígenas que son perseguidos políticos, encausados, procesados y otros encarcelados por defender la naturaleza, el cuidado de los páramos y evitar la contaminación del agua.
A su juicio, este es el momento histórico de darle al país un respiro en los casos de persecución política y exhortó a la sensibilidad de los asambleístas para abordar las solicitudes.
De su lado, el presidente de la Conaie recordó que la justicia indígena es parte integrante del estado, pues consta en la Constitución y acuerdos internacionales y su aplicación es el ejercicio de un derecho debidamente reconocido, el cual debe ser amparado por cualquier entidad.
En ese sentido, rechazó los procesos contra las autoridades que aplican dicho principio y pidió la concesión de amnistía como un proceso de conciliación pero a la vez de respeto a los derechos constitucionales de cada organismo.
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