Este miércoles fue publicado oficialmente el Decreto 1-2022, tras una segunda mesa de diálogo liderada ayer por el presidente Alejandro Giammattei para la búsqueda de solución al diferendo que enfrenta a ambas comunidades desde 1865 por límites de tierra.
Desde el 21 de diciembre del pasado año, en ambos municipios comenzó a regir un Estado de Sitio por 30 días, después de una escalada de violencia que cobró la vida de 14 personas, entre ellas, niños, mujeres y dos policías.
Casi a punto de caducar, Giammattei decidió extender la medida de excepción por no existir condiciones de seguridad adecuadas para la paz en esos territorios.
La discusión en el pleno evidenció la polarización de fuerzas en el legislativo, donde bancadas afines a la oficialista Vamos defendieron la disposición presidencial y partidos opositores llamaron la atención sobre el uso constante de la fuerza por este y el anterior Gobierno para supuestamente resolver conflictos.
De acuerdo con Pedro Saloj, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el Estado de Sitio no es la salida idónea para recuperar la paz, en tanto el oficialista Carlos Calderón explicó que el Presidente ha puesto cartas en el asunto y es necesaria la presencia del Ejército y la Policía para asegurar un diálogo constructivo.
Otros legisladores señalaron que en un mes sólo se ha evidenciado la incompetencia e incapacidad de las autoridades para implementar una política integral de beneficio a las zonas en conflicto, en tanto el Ministro de Gobernación evade la entrega de informes solicitados sobre la situación en Sololá.
Este sería el tercer Estado de Sitio impuesto por el Ejecutivo para intentar detener la violencia de las partes en conflicto, pues el pasado año también se aplicó similar fórmula sin resultados a la vista, todo lo contrario, aumentó la inseguridad.
La segunda sesión plenaria de esta primera semana de trabajo definió, además, para el 27 de enero la fecha de interpelación al ministro de Relaciones Exteriores Pedro Brolo a solicitud del diputado Julio Lainfiesta, de la Unión del Cambio Nacional.
También están en agenda desde 2021 juicios políticos contra los titulares de Energía y Minas Alberto Pimentel; Cultura y Deportes, Felipe Aguilar; y el de Comunicaciones, Javier Maldonado, pero casi nunca concluyen por falta de cuórum.
Los diputados también aprobaron hoy de urgencia nacional el Decreto 2-2022 para la baja de bienes e inmuebles inservibles en centros educativos públicos y avanzaron en el primer debate del dictamen de las iniciativas 5446 y 5693, ley de Insolvencia y reformas al Decreto 17-73 del Código Penal, respectivamente.
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