La propuesta elaborada por la Defensoría del Pueblo llegó al parlamento en junio del año pasado y desde entonces comenzó su análisis, encargado a la comisión de Justicia y Estructura del Estado.
El tema ha desatado polémica incluso en el seno del legislativo, por lo que la mesa parlamentaria realizó algunas modificaciones al informe inicial.
Varios son los puntos controvertidos, pero resaltan el relacionando con la temporalidad máxima para autorizar la interrupción voluntaria de a gestación por violación sexual.
Al respecto, el texto actual indica que las mujeres mayores de 18 años podrán acudir al aborto hasta las 20 semanas de embarazo y las menores de esa edad hasta las 22.
En el caso de las gestantes con discapacidad intelectual el plazo estará definido por lo que dicta la guía de Atención el aborto terapéutico del Ministerio de Salud Pública.
Asimismo, establece como requisitos para acceder a ese servicio que las féminas mayores de 14 años violentadas sexualmente y embarazadas como resultado de esa acción, deberán llenar formularios que respalden la petición.
Una vez evaluado, el documento pasará a la presidencia de la república, para la revisión del mandatario, Guillermo Lasso, quien ya adelantó que lo vetará si el texto “va más allá del fallo constitucional”.
Si el proyecto es vetado totalmente, transcurrirá un año para que pueda volver a ser tratado.
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