La normativa, introducida por el presidente Andrzej Duda, provocó movilizaciones en todo el país para pedir, bajo el lema «Ni una más», un cambio en la legislación nacional, considerada entre las más restrictivas de Europa en ese sentido.
Tales protestas fueron convocadas por organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y agrupaciones favorables al aborto.
El 27 de enero de 2021 entró en vigor el fallo del Tribunal Constitucional de octubre del año anterior, que criminaliza la interrupción del embarazo, incluso cuando un diagnóstico advierta sobre un deterioro grave e irreversible del feto. Solo el proceder es aceptado cuando está en riesgo la vida de la madre.
Datos aportados por el Fondo de Sanidad estatal polaco indican que el número de abortos legales practicados en 2021 descendió un 65 por ciento en relación con el año anterior.
Asimismo, miembros de la Federación de Mujeres y Planificación Familiar calificaron la normativa como “el más brutal ataque a los derechos de las mujeres en la historia moderna de Polonia”.
En ese contexto, más de mil féminas recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reclamar el acceso al aborto en casos extremos, de acuerdo con la entidad.
Según el artículo 152 del código penal polaco, quien ayude a interrumpir un embarazo, aun con el consentimiento de la madre, bajo supuestos no permitidos por la ley, puede recibir una condena de hasta tres años.
Pero en caso de que se demuestre la supervivencia del feto si el proceso gestacional llegara a término la pena sería hasta de ocho años.
La portavoz de la Federación de Mujeres, Urszula Grycuk, afirmó en su momento ante la prensa que la mayoría de los que asumen un escaño parlamentario o un puesto jurídico “no entienden el drama detrás de estas situaciones”.
En tanto las mujeres con embarazos no deseados buscan alternativas ilegales y arriesgan sus vidas en procederes muchas veces poco profesionales.
Así, el desánimo y el miedo marcan la vida de aquellas gestantes necesitadas de una interrupción, pero las estrictas normativas al respecto lo impiden.
La legislación vigente hoy sobre el tema clasifica como la más estricta dentro de la Unión Europea (UE) después de la de Malta, que prohíbe ese proceder bajo cualquier circunstancia.
Pero el ejecutivo polaco es cuestionado, además, tanto a lo interno como en la arena internacional, por leyes y procederes considerados lesivos a los derechos humanos.
La UE reclamó a Varsovia el pago retroactivo de cerca a de 70 millones de euros que responden a una multa impuesta por el ente comunitario a este país por violaciones a la libertad de expresión y manifestación.
En tanto hacia lo interno las protestas aumentan en una nación que deberá terminar para 2030 su transición hacia el uso de energía limpia para la generación de electricidad, pero que emplea hoy para ese fin el carbón.
Por tanto, organizaciones ecologistas también enjuician el proceder de Varsovia que aspira a posicionarse con fuerza dentro de la UE y a la que el mecanismo regional respaldó en un diferendo fronterizo con Belarús.
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