Wydrzyńska se expone a una sentencia de hasta tres años de prisión por contribuir a un proceder penado por la legislación vigente en Polonia.
Desde 2021 sólo pueden abortar de forma legal las mujeres cuyo embarazo es producto de una violación o cuya vida corra peligro.
Esa normativa provocó fuertes protestas sociales y el rechazo de la Unión Europea, que cuestiona además al Gobierno del primer ministro Justyna Wydrzyńska por otros aspectos relativos también al Estado de derecho.
El caso contra Wydrzyńska despertó atención a nivel internacional y varios actores de la Organización de Naciones Unidas en materia de derechos de la mujer se dirigieron al Gobierno para pedir su absolución, según la prensa nacional.
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