La investigación consta de 164 tomos y se inició en 2017, cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
Según el fiscal Emeldo Márquez, la sociedad New Business fue utilizada como receptora de fondos del Estado y luego concretó la adquisición del grupo editorial Epasa, que patrocina informativos como Panamá América, Día a Día y Crítica, entre otros.
Explicó que estos montos fueron entregados por empresas que, a su vez, recibieron contratos para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron en el periodo 2009-2014.
En esa lista sobresalen la autopista Arraiján-La Chorrera, la ciudad deportiva de la caribeña provincia de Colón y la construcción de un nuevo edificio de la Asamblea Nacional (parlamento), entre otras.
De acuerdo con el diario La Prensa, en esta ocasión la representación del multimillonario no solo sufrió un revés al tratar de impedir que se le procese alegando el principio de especialidad, sino que, además, la jueza Baloisa Marquínez se negó a suspender la vista, que tiene lugar en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño(Parlatino).
La letrada también advirtió que Martinelli no tenía fuero electoral.
Cinco años después de que la Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada iniciara la investigación, precisó el rotativo, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales inició estas audiencias.
En la primera sesión, la víspera, los abogados de Martinelli y otros 24 implicados presentaron recursos con el propósito de desestimar la investigación y, en consecuencia, detener el juicio.
Según la defensa del exgobernante, este tiene fuero penal electoral porque su partido, Realizando Metas(RM), se encuentra en un proceso electoral interno.
Sin embargo, la jueza Marquínez aseguró que no tenía fuero electoral, debido a que la campaña interna de RM comienza este viernes
La jueza también negó que se le estaba violando a Martinelli el principio de especialidad, consignado en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos.
El otro recurso que rechazó Marquínez fue de nulidad, en el que se alegó que en 2017, cuando empezó la pesquisa, el exgobernante tenía una supuesta “inmunidad”, porque era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Roniel Ortiz, abogado del exmandatario, también dijo a los periodistas que su cliente no asistiría a la diligencia, porque está “incapacitado”, cuestionada justificación porque el político mantiene una marcada vida social.
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