Según un informe del gremio, los ciudadanos han vivido dos años durante los cuales sus ingresos se han visto afectados como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 y las restricciones impuestas para frenarla.
Sin embargo, al mismo tiempo, han sido testigos del despilfarro de fondos por parte del Ejecutivo que en lugar de reducir salarios altos, los aumentó; y una muestra fue la denunciada acción de Gobiernos Locales, que, como parte de una estrategia proselitista, utilizaron recursos destinados a obras comunitarias, para pago de gastos administrativos. El informe de la Cciap señaló que la distribución de presupuestos con criterios políticos es inmoral, sobre todo si hay sectores productivos que realizan ingentes esfuerzos para mantener los empleos y reactivar la economía.
Al respecto, llamó a la Contraloría General de la República a cumplir con su deber legal de auditar y fiscalizar el manejo de todos los fondos estatales.
Y sentenció que no hacerlo oportuna e imparcialmente, la hace cómplice de estos despilfarros.
Enfatizó además en que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tiene la responsabilidad de ser proactiva, con apego a la ley, y no puede esperar a que surjan y se divulguen investigaciones periodísticas para entonces reaccionar.
De otra parte, instó a la ciudadanía a mantener una actitud vigilante y concluyó que los tiempos y nuestra realidad financiera -una deuda equivalente al 65 por ciento del Producto Interno Bruto- exigen racionalizar los gastos estatales y favorecer inversiones que mejoren las perspectivas de futuro, en lugar de comprometerlas.
El mal manejo de fondos públicos pervierte el tejido social y profundiza la falta de credibilidad en las instituciones, precisa el estudio.
El pasado 24 de enero, el Contralor General de Panamá, Gerardo Solís, ordenó la suspensión de los pagos de gastos de movilización a todos los alcaldes y representantes a nivel nacional.
De acuerdo con el texto, la medida la dispuso luego de concluir la revisión de los salarios, gastos de representación y movilización de eses representantes en medio de críticas de la población.
Solís también dio instrucciones para suspender los pagos de los gastos de representación por encima de los tres mil 500 dólares.
El país canalero cuenta con actualmente 81 alcaldes y 679 representantes de corregimientos.
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