En su informe anual, esa Organización no Gubernamental documentó los efectos de la medida punitiva adoptada por Tel Aviv en los habitantes de ese territorio, exacerbados por los sistemáticos ataques militares, el más reciente de los cuales ocurrió en mayo de 2021.
A pesar del deterioro de la situación humanitaria en la franja y de la sucesión de siete gobiernos israelíes desde el inicio del cerco, la política de castigo colectivo contra la población de Gaza se mantiene, denunció.
Como ejemplo citó que el aumento del desempleo que pasó del 23,6 por ciento antes de la imposición del bloqueo a 50,2 por ciento a finales del pasado año, mientras la pobreza creció de un 40 por ciento a 69 por ciento.
La economía del territorio quedó paralizada desde entonces tras el cierre casi total de los cruces comerciales, subrayó.
Al respecto, resaltó que la contribución de Gaza a la economía palestina se redujo a la mitad para llegar a solo 18 por ciento en 2021.
El reporte destacó que miles de instalaciones económicas, de servicios y de producción fueron interrumpidas, destruidas o dañadas durante los numerosos ataques militares israelíes en los últimos años.
El sector de la salud es uno de los más afectados porque Tel Aviv impide o limita la entrada de medicamentos y material médico al enclave, criticó la ONG.
Ante esa situación, llamó a la comunidad internacional a obligar a Israel, como potencia ocupante, a respetar los derechos de los habitantes de Gaza.
Un reciente estudio conjunto del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos y el Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud reveló que el 97 por ciento del líquido consumido en ese territorio está contaminado.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó que el 80 por ciento de la población de ese enclave costero vive con apenas 10 horas de electricidad al día.
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