El 3 de febrero de 1962 el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy firmó la Orden Ejecutiva Presidencial 3447, con la que implantó formalmente el cerco económico, comercial y financiero, una política cruel e inhumana que se mantiene y constituye el principal obstáculo al desarrollo del país.
Muchas son las muestras de rechazo que dicha agresión genera en la comunidad internacional y numerosas las muestras de apoyo y colaboración hacia la isla.
Entre estas últimas se inscribe la protagonizada por el Gobierno japonés hace apenas unos días, con la donación de 84 guaguas, como las llaman los cubanos, que favorecen a 400 mil habitantes.
Precisamente el servicio público es de los más afectados dentro del Sistema de Transporte Nacional, imposibilitado de adquirir o arrendar vehículos para la transportación de pasajeros. Las regulaciones y disposiciones impuestas por el bloqueo alcanzaron niveles de hostilidad sin precedentes desde mediados de 2019, con la presentación de demandas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton y el incremento de la persecución de las transacciones financieras y comerciales de la isla.
También se aplicaron restricciones a los vuelos de Estados Unidos dirigidos a los aeropuertos del territorio nacional excepto La Habana, mantuvieron las medidas que prohíben los viajes a Cuba y la contratación de tripulantes cubanos en los buques de compañías extranjeras, así como obstaculizaron las remesas familiares.
En el último informe del Ministerio del Transporte (Mitrans) aparecen esas y otras afectaciones provocadas por el bloqueo entre abril y diciembre de 2020, período en el cual los daños alcanzaron la cifra de 43 millones 801 mil 060 dólares.
En esa partida el mayor por ciento corresponde a ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios, entre otras razones, por la cancelación de acuerdos para la transportación de carga por parte de aerolíneas extranjeras tales como: Avianca, DHL, Air France, Air Caribe, desde y hacia Cuba.
Actualmente las cargas originadas en Suramérica, Europa y el Centro del Caribe no tienen una vía regular para su traslado hacia la isla, por lo que se utilizan rutas con mayores costos para el traslado de mercancías.
Frecuentes son también los cierres de vías bancarias para efectuar los cobros desde el exterior y el rechazo o negativa de bancos e instituciones financieras internacionales a realizar operaciones con Cuba, lo cual impide concretar negocios con clientes potenciales y la entrada de divisas al país.
Asimismo, la permanencia de leyes extraterritoriales dificulta la adquisición de tecnologías, equipamientos, partes, piezas y otros insumos para los equipos de transporte, su mantenimiento y reparación; que obliga a buscar mercados distantes y tratar con intermediarios, con el consiguiente aumento de precios.
De ese entramado de patrañas y persecución tampoco escapa Cubana de Aviación, que en agosto de 2021 fue notificada por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo de la suspensión del mecanismo de compensación de pagos BSP en España, una acción derivada del cerco estadounidense.
En exclusiva con Prensa Latina, la jefa de Negocios de la compañía aérea, Soremi Beltrán, confirmó que dicho proceder se repite como parte de los intentos de asfixiar a las entidades cubanas, ya que hace dos años se aplicó igual medida pero con el BSP en México, Francia e Italia.
Entonces se redefinió la estrategia comercial para emplear otras vías e impedir la paralización de las operaciones.
En la lista de daños para la aerolínea cubana está la imposibilidad de adquirir combustibles con proveedores de cualquier parte del mundo que tengan participación de entidades estadounidenses, o piezas y partes de aviación con un 10 por ciento de componentes de esa nacionalidad.
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