La medida fue confirmada por Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), ante la falta de respuestas del ejecutivo y la Asamblea Nacional sobre la normativa.
En rueda de prensa, Vargas insistió en que los docentes exigen la implementación de las modificaciones en la LOEI, las cuales incluyen equiparación salarial e inversión en el sector de la enseñanza.
Asimismo, advirtió que la acción ocurrirá el viernes, cuando se cumple el plazo concedido por la Corte Constitucional al gobierno, para subsanar los derechos del magisterio.
Vargas recordó que luego de la huelga de hambre de 32 días de los maestros se determinó trabajar en las reformas mencionadas, así como en temas vinculados a la jubilación a los 30 años de labor, sin límite de edad, luego de lo cual hay 30 días para buscar las fuentes de financiamiento.
En cuanto al salario, consideró que la equiparación representa «reparación y justicia para los docentes que desde el año 2016 han sido discriminados en relación al resto del sector público».
Según amplió, el estado se contradice al afirmar que no hay fondos para el alza, pues anunció recientemente un incremento de sueldos a la policía.
La presidenta de la UNE enfatizó finalmente, que las movilizaciones se realizarán en las diferentes provincias y en el caso de la ciudad de Quito, capital del país, la marcha avanzará hasta la sede de la Asamblea Nacional, en reclamo de sus derechos.
En la conferencia de prensa, la UNE también expresó preocupación por el retorno presencial a las aulas, vigente desde esta jornada, tras considerar que muchas escuelas carecen de las condiciones necesarias para asumir el regreso de los alumnos, cuando aún hay cifras elevadas de Covid-19 en el país.
Desde el anuncio del regreso a la docencia presencial, realizado la semana pasada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, directivos de la organización pidieron al Ministerio de Educación garantizar el retorno seguro.
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