Bajo el argumento de una supuesta intención de Rusia de alistar militares en la frontera de cara a una incursión en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados occidentales prometen sanciones contra el Gobierno del país euroasiático, que defiende por su parte el derecho legítimo de mover tropas dentro de su propio territorio.
En medio de este contexto, la representación de Rusia que preside este mes el Consejo de Seguridad, realizó la víspera una reunión para analizar las negativas consecuencias humanitarias de esas medidas coercitivas unilaterales.
Las delegaciones de Rusia y China rechazaron la aplicación de tales mecanismos que a la postre, dañan el desarrollo de los pueblos. Ambos países, miembros permanentes del Consejo, alertaron sobre las consecuencias humanitarias que generan las sanciones.
El representante permanente alterno de Rusia ante Naciones Unidas, Dmitry Polyanskiy, denunció cómo las medidas unilaterales dificultan el mantenimiento de la paz y son injerencias en la soberanía de los Estados.
Así ocurre en países como Siria, Belarús, Cuba, Venezuela, Irán, Afganistán y Mali, los cuales atraviesan grandes dificultades por las sanciones, apuntó.
Solo las sanciones del Consejo del Seguridad son legales y suponen una herramienta importante que permite reaccionar a ciertas amenazas, consideró Polyanskiy.
Por su parte, el embajador chino Zhang Jun expresó que las sanciones unilaterales son fuente de gran preocupación y exacerban las “posiciones de fuerza”.
Al respecto, abogó por el levantamiento de esas medidas coercitivas y detalló cómo en la República Popular Democrática de Corea las sanciones acarrean graves consecuencias humanitarias para la población civil.
En tanto, la representación de Estados Unidos negó tal costo humanitario y reiteró su apoyo a la imposición de sanciones como forma de presión.
Mientras Moscú y Beijing abogaron por que se alivien tales mecanismos, los países occidentales reafirmaron la apuesta por su uso, pese a los impactos negativos en los civiles.
El coordinador humanitario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, subrayó que las sanciones afectan directa o indirectamente muchas operaciones de asistencia del organismo.
Las autoridades de la ONU sostienen que esas medidas aprobadas por el Consejo de Seguridad son más selectivas y están diseñadas para “limitar las consecuencias no deseadas”.
Actualmente están vigentes 14 regímenes de sanciones que cuentan con el visto bueno del Consejo de Seguridad y afectan a países como Libia, Yemen, Mali, Sudán o Somalia.
Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, el secretario general de la ONU, António Guterres, animó a levantar las medidas coercitivas unilaterales impuestas a otros países para facilitar el acceso a suministros de salud, apoyo médico y alimentos, entre otros.
Pese a los llamados de las autoridades de Naciones Unidas y los reclamos de sus países miembros, Estados Unidos insiste en mantener su política de hostigamiento y medidas coercitivas contra Estados soberanos como Cuba y Venezuela, y continúa recrudeciendo esa política.
El bloqueo de Washington contra la mayor de las Antillas aparece como el sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que se aplica contra nación alguna.
Recientemente, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Pedro Luis Pedroso, rechazó el ilegal y draconiano bloqueo estadounidense contra la isla, justo cuando el pasado 3 de febrero se cumplieron 60 años de la oficialización de ese cerco.
Por medio de su cuenta en Twitter, el embajador compartió un enlace donde puede encontrarse una colección de documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los cuales registran los orígenes, justificación y evolución temprana de las sanciones punitivas de Washington contra Cuba después del triunfo de la Revolución.
Los archivos muestran que el concepto inicial de esa presión económica era crear “dificultades” y “desencanto” entre la población cubana, crear penurias económicas, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.
Sin embargo, un estudio de caso de la Agencia Central de Inteligencia sobre el bloqueo, escrito 20 años después de su imposición, concluyó que tales sanciones “no han cumplido ninguno de sus objetivos”.
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