La solicitud, admitida por unanimidad de los ocho legisladores presentes, la impulsó el asambleísta de la bancada de la alianza Unión por la Esperanza (UNES), Ronny Aleaga, por incumplimiento de funciones determinadas en la Constitución y la Ley.
De acuerdo con lo verificado, el pedido cumple lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, al contar con las firmas de respaldo de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional y el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañada de elementos documentales.
Una vez calificado el trámite quedó dispuesto notificar al funcionario sobre el inicio del proceso y adjuntar la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento.
A partir de ese procedimiento correrá un plazo de 15 días, para que el contralor presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo pertinentes.
En ese período también sustentarán sus argumentaciones los asambleístas solicitantes.
Las causales del pedido de enjuiciamiento incluyen supuesta inobservancia de lo previsto en el artículo 31 numeral 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, respecto del ejercicio de las competencias y sobre la formulación de informes previos a la contratación de obras públicas.
También pesa la reforma a la Ley de la Contraloría a través de un acuerdo institucional, realizada el 19 de agosto de 2021, sin respetar la jerarquía de la norma, lo que a criterio del interpelante representa incumplimiento de funciones.
La solicitud de juicio político cuenta con 46 firmas de respaldo de las bancadas de UNES, Pachakutik y del Partido Social Cristiano.
El próximo paso de la mesa legislativa será establecer el cronograma de trabajo, que incluirá las pruebas testimoniales solicitadas por el proponente del juicio, así como por el funcionario encausado, y las de oficio determinadas por los miembros de ese equipo parlamentario.
jha/scm
