La polémica propuesta de normativa ha pasado por varias jornadas de debate, sin que en el seno del legislativo se llegue a un consenso.
Entre los puntos más controvertidos está la temporalidad o el período límite para acceder al aborto cuando es resultado de violencia sexual.
Al respecto, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, mesa parlamentaria a cargo de evaluar el proyecto legal, propone establecer la interrupción del embarazo hasta las 16 semanas (cuatro meses).
En el caso de niñas, adolescentes o mujeres de la ruralidad, así como de pueblos y nacionalidades indígenas, el plazo se amplía hasta las 18 semanas de gestación (cuatro meses y medio).
El pasado 3 de febrero, el pleno del Legislativo concluyó el segundo debate del proyecto que viabiliza la sentencia de la Corte Constitucional, según la cual quedó legalizado el acceso al aborto en caso embarazo por violación sexual.
Durante esa sesión, los asambleístas recibieron en comisión general a 20 representantes de diversos organismos nacionales e internacionales, colectivos sociales, académicos, expertos y especialistas en medicina, quienes expusieron diversos puntos de vista en torno a la regulación.
Una vez concluido ese paso, se suspendió el tratamiento del tema, para que la Comisión de Justicia revisara cada una de las observaciones y preparar un texto final, recién aprobado por mayoría y que ahora reposa en la directiva del organismo.
Mientras, movimientos y colectivos feministas y provida mantienen una contienda, en defensa del derecho a que la mujer decida sobre su cuerpo o por impedir la interrupción de la gestación, respectivamente.
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