Ante el inicio de clases en el sector público previsto para el 21 de este mes y el repunte de casos positivos (más de cuatro mil diarios) por el impacto de la variante Ómicron del coronavirus SARS-CoV-2, la polémica ronda en relación con un desafío ahora para este Gobierno, pero con raíces bien profundas.
Tan solo en lo que va de febrero hay más de 40 mil contagios, según el tablero del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), envuelto también en duras críticas sobre el alcance y eficacia del plan de vacunación que arrancó en igual fecha de 2021.
A finales de 2021, las autoridades de ambos sectores intensificaron jornadas de inmunización para llegar a menores entre 12 y 17 años al menos con una dosis de biológicos y garantizar el eventual regreso a las aulas en municipios con naranja y amarillo en el semáforo epidemiológico (alertas máxima y alta, respectivamente).
De hecho, así funcionan los colegios privados desde el 14 de enero, en un modelo híbrido que no logra convencer por limitaciones en logística y conectividad fuera de la capital.
Asimismo, de la meta de 2,1 millones de jóvenes entre 12 y 17 años, se ha vacunado al 41,3 por ciento y solo poco más de la cuarta parte de ellos cuenta con la segunda dosis.
Ante este complejo escenario, la polémica volvió a primeros planos noticiosos desde la semana pasada, cuando el Mspas permitió a los municipios en rojo dar clases presenciales siempre y cuando se cumplieran los requisitos de bioseguridad establecidos.
Esa misma premisa regiría para el público y las alarmas sonaron con más fuerza ante estadísticas divulgadas en la Comisión de Educación del Congreso, nada sorpresivas como falta de servicio de agua potable y otras condiciones de saneamiento mínimo en ocho mil 945 centros, lo cual afecta a más de un millón y medio de estudiantes.
Según el dato que compartió el diputado Orlando Blanco, en las necesidades de reparación de establecimientos por registros de las direcciones departamentales, hay ejemplos críticos como Alta Verapaz, donde suman mil 477, Petén con 808 y Huehuetenango,633.
Según la fuente, en 2021 se avanzó en el remozamiento de solo de cuatro mil escuelas y en la ciudad capital, donde idealmente existen mejores condiciones, están pendientes 153 centros.
Y no perder de vista que, en muchos casos se trata de locales pequeños, con láminas de zinc, pupitres viejos y un nivel de depauperación agudizado por casi dos años de pandemia.
De acuerdo con autoridades del Gobierno, ese tiempo se aprovechó para asumir las necesidades del sector con el apoyo de las Organizaciones de Padres de Familia; no obstante, las carencias se arrastran año tras año.
Aún así, Salud sostiene que con las burbujas y los lineamientos podrán evitar la incidencia de casos entre estudiantes, pues los maestros estuvieron entre los grupos priorizados para la inmunización y solo les quedaría completar el refuerzo.
Un reciente editorial del periódico La República advertía sobre «un sistema caduco, donde la formación de millones de niños está en crisis y se trata del desarrollo de todo un país».
Estamos hablando de un fallo sistémico que exige una Reforma Educativa Integral y tome en cuenta factores como calidad educativa, aprendizaje alcanzado o meritocracia en la profesión docente, sin desmeritar a una mayoría que hace milagros en pésimas condiciones», argumentó.
También recordar que una abrumante mayoría de estudiantes no supera las pruebas de graduación año tras año y no pueden acceder a un trabajo formal, un resultado que se traduce en subempleo, desempleo o migración, puntualizó el medio de prensa.
Así el panorama, el aprendizaje vuelve a estar en riesgo este 2022 debido al cierre de las escuelas desde marzo de 2020 por la pandemia y, para países rezagados tecnológicamente como Guatemala, la presencialidad es la única forma de rescatar el aprendizaje.
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