Tras una ardua jornada y la desaprobación en primera instancia, el texto, que requería un mínimo de 70 votos, pasó con 75, mientras 41 legisladores se pronunciaron en contra y hubo 14 abstenciones.
De acuerdo con los ajustes finales, las víctimas de violaciones sexuales que deriven en embarazos podrán interrumpirlo hasta las 12 semanas de gestación y, de manera excepcional (en el caso de niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad o pueblos y nacionalidades) hasta las 18 semanas.
El primer intento, que resultó fallido, solo logró el aval de 66 parlamentarios, mientras 40 lo rechazaron y 27 se abstuvieron.
Ante esa dificultad, la ponente del proyecto Johanna Moreira, instó al resto del pleno a sensibilizarse con el tema, de importancia para la mujer.
Mientras en el interior del hemiciclo se mantenía la polémica, en las afueras, grupos a favor y en contra realizaron manifestaciones con pancartas, pañuelos y consignas.
Desde el inicio del debate, el tema mantiene dividida a la sociedad ecuatoriana, pues mientras unos consideran que la mujer debe tener derecho a elegir sobre su cuerpo, otros, identificados como ProVida, están en contra de la interrupción del embarazo, independientemente del mecanismo de concepción.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado fue la encargada de evaluar el proyecto, elaborado por la Defensoría del Pueblo, por disposición de la Corte Constitucional, ente que declaró la legalidad del aborto en casos de violación sexual.
Para la revisión del texto y elaboración del informe, la mesa legislativa tuvo en cuenta criterios técnicos, científicos y de diversas organizaciones de derechos humanos, grupos feministas y de defensa de los derechos de niños y adolescentes.
“Este día, la Asamblea ha dado una nueva muestra de responsabilidad y transparencia, cumpliendo la labor delegada por sus mandantes», afirmó la presidenta del ente, Guadalupe Llori.
Según enfatizó: «el pleno tomó una decisión mayoritaria después de un amplio debate participativo, laico y democrático, sobre un proyecto ley de gran importancia para el presente y para el futuro de las niñas, adolescentes y mujeres del país».
El texto recién aprobado será enviado al ejecutivo nacional, que en un plazo de 30 días deberá presentar observaciones o disponer su publicación en el Registro Oficial.
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