La definición se llevará a cabo en el pleno de la Asamblea Nacional, convocada de manera presencial.
El segundo debate de la propuesta legal se dilató por varias semanas al tener en cuenta lo polémico del tema, que cuenta con respaldo y rechazo dentro del ente legislativo.
La división de criterios en las bancadas podría dificultar el mínimo de 70 votos requeridos para aprobar la normativa.
El proyecto fue elaborado por la Defensoría del Pueblo por disposición de la Corte Constitucional, que declaró legal la interrupción de embarazo en niñas, adolescentes y mujeres adultas víctimas de violación sexual.
Por su parte, el informe final para someter a votación la regulación cuenta con ajustes en temas controvertidos como la temporalidad o período máximo de gestación para la práctica de un aborto.
En ese sentido, la sugerencia de plazo es hasta las 16 semanas de embarazo y con carácter excepcional niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades podrán abortar hasta las 18 semanas.
Asimismo, el proyecto aborda tópicos como requisitos y reglas especiales sobre el consentimiento, las cláusulas para la interrupción y las opciones de los profesionales encargados del procedimiento.
La Comisión de Justicia recibió argumentos a favor y en contra y elaboró el informe que esta jornada debatirá el pleno.
La propuesta definitiva de la mesa legislativa quedó aprobada el pasado 11 de febrero con seis votos a favor, dos en contra y una abstención, al tiempo que hubo una ausencia.
Una de las características de los análisis es que dentro de las bancadas existen opiniones contradictorias que entorpecieron el avance del debate.
Por su parte, la sociedad también está dividida al respecto, con grupos Pro Vida en desacuerdo con el aborto y organizaciones y colectivos en defensa de los derechos humanos, a cuyo juicio la mujer embarazada es quien único puede decidir sobre su cuerpo.
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