Las protestas y tranques iniciados hace varias semanas estallaron luego que el gobierno aprobó una ley que obliga a vacunar a los camioneros que cruzan la frontera con Estados Unidos, amenazando el sustento de los camioneros no vacunados.
Este jueves la policía comenzó a detener a los organizadores de la protesta que ahora tiene su epicentro en Ottawa, entre ellos a Tamara Lich, una de las organizadoras de las manifestaciones.
Los uniformados advirtieron a los demandantes que serian apresados y que podrán enfrentar varios años de cárcel por llevar a los niños a las protestas, pero algunos padres se muestran desafiantes.
El movimiento que comenzó con el bloqueo de importantes pasos en la frontera con Estados Unidos y que tuvo afectaciones millonarios para la industria automovilística en ciudades como Detroit alcanzó otros contrastes.
Esta semana el primer ministro, Justin Trudeau, declaró una emergencia nacional de orden público -la primera declaración de este tipo en medio siglo- para poner fin a las protestas.
La emergencia amplió las medidas policiales en todo el país, y apuntó tanto a la recaudación de fondos de los manifestantes, que se considera una actividad delictiva, como a las cuentas bancarias personales y empresariales de los manifestantes.
El jueves, la policía municipal, provincial y nacional se movilizó alrededor de Ottawa en preparación para una represión. Se vio a los agentes reunirse en un centro de convenciones cercano al aeropuerto y en los principales hoteles del perímetro de la ciudad, dijeron testigos a medios de prensa.
Según Dagny Pawlak, portavoz de los moviliados, los arrestos de camioneros y activistas es una acción “absolutamente infundada y una vergüenza para cualquier democracia liberal, aunque no es una sorpresa».
Las autoridades dijeron que el bloqueo de las calles, aunque de forma pacífica, era ilegal, amenazando a los manifestantes con la detención, la confiscación de sus vehículos y otras sanciones.
Hasta ahora la violencia física fue escasa mientras Trudeau reiteró su llamado a que cesen estas actividades ilegales y peligrosas, incluso aquí en Ottawa, dijo.
Familiares de los camineros y de otros sectores que apoyan sus demandas están presentes con sus hijos menores pero las autoridades dijeron que el que incurriera en la acción de llevar a un menor a una protesta ilegal podría ser multado con hasta cinco mil dólares canadienses «y/o pasar potencialmente hasta cinco años en prisión».
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