En su habitual contacto diario con la prensa, el portavoz del gobierno dijo que la batería de medidas punitivas tenía como fin “derribar” al gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, pero luego se retractó y aseveró que no buscaban un cambio de régimen.
Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una operación militar especial en la región autónoma ucraniana de Donbass, luego que las autoridades de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para repeler la agresión de Kiev.
Antes, Moscú reconoció la independencia y soberanía de ambos territorios y firmó tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua con sus líderes, los cuales incluyeron el establecimiento de relaciones diplomáticas y la ayuda militar.
En un discurso televisado, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el objetivo de la operación es proteger a la población de Donbass de los abusos y el genocidio por parte de Kiev durante los últimos ocho años y desmilitarizar Ucrania, cuyo gobierno solicitó la membresía de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
El Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de los aliados de la OTAN de inmediato acusaron a Putin de lanzar una invasión en gran escala contra el país vecino, e implementaron sanciones económicas y financieras contra los máximos representantes del Estado y el Gobierno de Rusia, y contra empresarios, bancos y aerolíneas de ese país.
También anunciaron que trabajan para desconectar a Rusia del sistema de transacciones internacionales conocido como SWIFT, al tiempo que redoblan la ayuda militar a Ucrania y despliegan más tropas en los países aliados de Europa del Este.
Este jueves, el Reino Unido informó que prohibió la entrada a los puertos británicos de todos buques registrados, contratados o fletados por entidades rusas.
rgh/nm
