En el marco del análisis, el equipo legislativo convocará a representantes de instituciones públicas y privadas para presentar sus observaciones, lo cual permitirá avanzar hacia la elaboración de un informe para primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional.
La víspera, la Comisión cerró el proceso de socialización y recepción de informaciones, con siete sesiones de trabajo realizadas en la primera fase, que incluyó la participación de 39 representantes de organizaciones y de sociedad civil, así como de nueve autoridades del sector público.
Entre los comparecientes estuvo el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, quien subrayó que la empresa necesita inversión y seguridad jurídica para impulsar sus proyectos, lo cual forma parte de la propuesta.
Por su parte, Jorge Machado, del Colegio de Notarios de Pichincha, expuso observaciones respecto al procedimiento para la atención en diferentes actos notariales, vía telemática, por ejemplo en audiencias.
De su lado, tres asambleístas también manifestaron inquietudes sobre el actual impedimento para aplicar los servicios telemáticos por parte de los notarios, la inclusión de la autenticación de las huellas digitales y la plataforma digital y atención en salud desde iniciativas de asociación público-privada.
La mesa parlamentaria también recibió siete observaciones por escrito, que serán procesadas para el debate previo a la elaboración del informe.
Según indica el Ejecutivo, el proyecto de ley busca la atracción de capitales, el fortalecimiento de las alianzas público-privadas y la creación de zonas francas modernas.
Sin embargo, el documento cuenta con detractores, a cuyo juicio la normativa solo pretende trasladar la infraestructura pública a gestores privados.
Algunos expertos en temas económicos consideran además que la regulación es sumamente peligrosa para el país y constituye una privatización camuflada de los bienes del Estado.
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