La resolución quedó en firme tras una larga sesión plenaria de más de siete horas en la Asamblea Nacional, con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones, luego de evaluar el informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, tras una minuciosa valoración de cada caso.
El equipo identificó el estado procesal de la causa, el proceso judicial, la acción o infracción, dependencia jurisdiccional, análisis y conclusiones con los nombres de los ciudadanos a ser amnistiados.
El grupo de amnistiados comprende 60 personas judicializadas por ejercer el derecho a la resistencia, durante las protestas realizadas contra el Gobierno en octubre de 2019, entre ellas, la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el parlamentario indígena Virgilio Hernández y el activista Christian González.
La lista incluye, además. al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Iza, 153 defensores de los territorios comunitarios y 43 de la naturaleza, así como 12 en procesos por administración de la justicia indígena.
Entre los argumentos expuestos en el debate estuvo recalcar que la protesta social es una forma de expresión ciudadana, la cual debe ser respetada y no criminalizar e igualmente la necesidad de hacer válidos los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas.
Para la aprobación, el órgano legislativo unicameral tuvo en cuenta la base normativa internacional del sistema universal de derechos humanos, el marco constitucional, legal y reglamentario y la competencia del ente en el caso de otorgamiento de amnistías.
«Estos resultados van a reconciliar al país, hemos trabajado por la unidad que tanto esperaba nuestro Ecuador», aseguró la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, al finalizar la sesión, considerada histórica por muchos.
Por su parte, algunos de los beneficiados reaccionaron en las redes sociales a la decisión parlamentaria.
«Que nunca más nadie sea perseguido o pierda la vida, como Víctor Guaillas, por el simple hecho de pensar diferente o ejercer el legítimo derecho a la oposición política», afirmó Paola Pabón tras conocer el dictamen.
La prefecta, quien porta un grillete electrónico, añadió que la persecución política a través del uso de la justicia es una práctica nefasta.
El expresidente de la república Rafael Correa también se pronunció sobre la decisión de la Asamblea Nacional y señaló que la persecución a Virgilio, Paola y Christian por las protestas de octubre de 2019 fue brutal, absurda y descarada, pues su único delito es ser «Correístas».
Esos tres miembros del movimiento progresista Revolución Ciudadana enfrentaron el allanamiento de sus casas, tres meses de prisión y más de dos años portan grilletes electrónicos, pese a que no se pudo demostrar el supuesto delito de rebelión y de haber participado en un intento de desestabilización del ejecutivo dirigido entonces por Lenín Moreno.
Para Virgilio Hernández, la determinación del pleno es apenas un símbolo de unidad nacional, frente a lo que fue el peor gobierno de la historia.
Entre las organizaciones impulsoras del pedido de amnistías estuvo la Conaie, que protagonizó el paro de 11 días de 2019, iniciado por taxistas y transportistas en contra de un decreto que eliminó los subsidios a los combustibles y tomó carácter nacional en rechazo a otras medidas económicas de corte neoliberal.
Sobre lo definido esta jornada Leonidas Iza, uno de los principales líderes de las protestas, aseguró: «Con esto se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia. La lucha contra el neoliberalismo continúa».
Con 99 votos, de 125 presentes en la sesión plenaria, el Parlamento puso fin hoy a una lucha iniciada hace más de dos años.
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